COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS, COMERCIO, DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO E INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD Y GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALEA DICTAMEN NO. ( Lo que no nos ha contado el sensible Kiko)

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS, COMERCIO, DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO E INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD Y GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALEA DICTAMEN NO. HONORABLE ASAMBLEA: Las Comisiones que suscriben, recibieron para su estudio, análisis y dictaminación INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA Y SE EXPIDE LA INICIATIVA DE LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, presentada por el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en fecha 12 de junio 2014, ante esta Honorable XXI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California. Éstas Comisiones en uso de las facultades que les conceden en su ejercicio los artículos 55, 56 numerales 1 y 8, 60 inciso a), 62, 63, 77 TER, 110 fracción II, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, realiza el presente dictamen con base en los siguientes: ANTECEDENTES I. Con fecha 12 de junio de 2014, el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid Gobernador del Estado de Baja California presento ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado la Iniciativa de Ley a que se hace alusión en el proemio de este Dictamen. II. Presentada que fue la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f) de la Ley Orgánica de este Congreso, turnó a estas 1 Comisiones Unidas el documento de referencia, para su estudio, análisis, dictaminación y en su caso, aprobación. De esta forma, las Comisiones que suscriben el presente Dictamen, bajo los siguientes términos: ESTUDIO Y ANÁLISIS I.- ASPECTOS GENERALES: A). DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En Baja California siempre se ha tenido como una prioridad el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios públicos de calidad. En la actualidad se ha hecho más necesario el aumento de las obras y servicios en favor de la población. El Gobierno del Estado tiene la certeza de que la adecuada dotación de infraestructura y servicios públicos genera desarrollo positivo e importante en la Entidad, en la medida en que repercute en su crecimiento económico, competitividad, productividad, y, sobre todo, contribuye significativamente a un mayor bienestar social. Hoy en día los ciudadanos en Baja California saben que el progreso del Estado y su gente, ocurrirán únicamente con una amplia participación social en todos los niveles. La interacción entre gobierno y población debe ser constante. Tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario. Debe haber una relación activa entre ciudadanía y gobierno, en la que éste haga lo que le corresponde, y el sector privado y social colabore lo más que pueda. En esta idea encontramos el espíritu de esta Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California. En nuestro País y en el Estado se ha avanzado a lo largo de los años por medio de modelos o esquemas de concurrencia de la iniciativa privada en la creación de infraestructura. Tales modelos se han ampliado o complementado hasta llegar a los proyectos de Asociación Público Privada. En un principio fueron las Concesiones, después Programa de Inversión Diferido 2 en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), Contrato de Servicios de Largo Plazo, y finalmente el modelo más completo que es el de las Asociaciones Público Privadas (APP). La Asociación Público Privada es un modelo financiero y jurídico para la planeación, financiamiento y ejecución sustentable de proyectos de infraestructura y prestación de servicios públicos de largo plazo. El esquema de este tipo de proyectos se describe gráficamente enseguida: Modelo de Utilidad de los Proyectos APP Este modelo tiene un claro fundamento constitucional. En el artículo 100 de la Constitución del Estado se establece que los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado y los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez. Dicho precepto constitucional determina que las leyes del Estado establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores 3 condiciones financieras, comerciales y de servicio. En lo que hace al ámbito municipal, la falta de recursos a que se enfrenta hoy en día el sector público, obliga a buscar alternativas que permitan responder de manera eficiente a las múltiples necesidades que no son satisfechas a través de los esquemas tradicionales de inversión en infraestructura o prestación de los servicios a que se refiere el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La necesidad de detonar el crecimiento económico y social del Municipio requiere de acciones planificadas que sean resultado del trabajo conjunto tanto de la administración municipal como de la sociedad, y que se conviertan en proyectos viables que respondan a los intereses de la comunidad. En materia de infraestructura y servicios, el modelo APP es una excelente opción para lograr responder a las necesidades de la gente. A continuación referimos algunos ejemplos de proyectos y desarrollos llevados a cabo bajo esta modalidad: Proyecto Inversión (MXN) Plazo Lugar/Ámbito Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío $700’000,000 25 años GuanajuatoFederal Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria $884’000,00 25 años Tamaulipas Federal Hospital Regional de Toluca $760’000,000 25 años Estado de MéxicoEstatal Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca $1’434,000 25 años Estado de MéxicoEstatal Amozoc-Perote y Libramiento Perote $4,073’000,000 30 años Puebla, Tlaxcala y VeracruzFederal Querétaro-Irapuato $1,172’000,000 20 años QuerétaroGuanajuatoFederal Irapuato-La Piedad $631’000,000 20 años GuanajuatoMichoacánFederal Planta de $66’100,000 18 Hidalgo- Estatal 4 Tratamiento de Efluentes años Ciudad Judicial $1,200’000,000 15 años Oaxaca- Estatal Universidad Politécnica $400’000,000 20 años San Luis Potosí- Federal Unidad Administrativa Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco $290’000,000 30 años JaliscoMunicipal Gran Museo del Mundo Maya- Yucatán $770’000,000 20 años Yucatán- Estatal Centro Cultural Mexiquense $838’000,000 21 años Estado de MéxicoEstatal Cuidad Gobierno Zacatecas $1,200’000,000 15 años ZacatecasEstatal Gasoducto NorteNoroeste Sinaloa $12,500’000,000 – Sinaloa- Federal El 30 de septiembre de 2009 se publicó el decreto mediante el cual se expidió la Ley de Proyectos de Asociación público privada del Estado de Baja California y sus Municipios, actualmente en vigor, en la cual se regula lo relativo a la evaluación, aprobación, presupuestación y contratación, de los Proyectos de Asociación público privada. Esta Ley es omisa en diversos aspectos que los especialistas e inversionistas estiman claves, como la carencia de un procedimiento de contratación propio, medios alternativos para la solución de controversias o la especificación básica del clausulado de los contratos APP. Posteriormente, el 15 de enero de 2013 se aprobó otro decreto por el cual se realizaron modificaciones a la Ley con lo que se pretendía dar mayor certeza jurídica a los pagos de las contraprestaciones de dichos contratos. No obstante que se han dedicado recursos políticos y materiales en la construcción de una legislación adecuada para este tipo de asociaciones, se considera que el marco jurídico de los Proyectos de Asociación Público Privada, es mejorable, buscando con ello que la creación de estos proyectos pueda hacerse una realidad, brindando certeza por una parte al Estado, y por la otra a los potenciales inversionistas e integrantes del sistema financiero. El esquema actual no es el más adecuado para brindar solidez jurídica a las relaciones contractuales derivadas de los Proyectos de Asociación Público Privada (Proyecto APP), ni tampoco para brindar transparencia y control al 5 Estado sobre los proyectos en operación. Es conveniente la adecuación de la legislación para conciliar los intereses del Estado con los términos que los actores nacionales e internacionales de este tipo de proyectos ya conocen y aceptan como óptimos. Entre las lagunas que presenta este marco regulatorio se identifica que:  La Ley no tiene procedimiento de contratación propio.  No es una legislación que promueva la transparencia.  No regula las propuestas no solicitadas de Proyectos APP.  Adolece de un contenido mínimo del clausulado de los contratos.  No determina las causas, procedimiento y términos de rescisión de los contratos.  Carece de la obligación de registro y publicidad de los contratos.  Le falta armonía con otros marcos normativos. En congruencia con lo anterior, es intención de este Gobierno optimizar la prestación integral de servicios competencia originaria del sector público, utilizando recursos provenientes de inversionistas de los sectores privado y social. Se pretende así generar un círculo virtuoso que permita lograr una ventaja competitiva para el sector público y bajar el costo de oportunidad para el sector social, con el fin último de que la población resulte beneficiada con la mejoría en la calidad y cantidad de los satisfactores y servicios públicos. Vemos conveniente ampliar y completar la regulación para establecer reglas claras y precisas para la planeación, aprobación y contratación de estos proyectos. Es necesario optimizar las condiciones para tener un mayor número de hospitales, centros de readaptación, autopistas, escuelas, centros deportivos, plantas de tratamiento de aguas residuales, transporte urbano, por mencionar solo algunos. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía. Dispone el mismo precepto que las leyes alentarán y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial y sustentable. La creación de asociaciones público privadas puede ser una solución adecuada para lograr estos fines. La experiencia internacional, así como de otras Entidades Federativas, muestra que este tipo de asociaciones permite detonar el 6 crecimiento económico de una región. Nuestro Estado ya cuenta con una ley sobre la materia. Sin embargo, al dar rango Constitucional a esta medida se pretende dar seguridad jurídica a los inversionistas, a efecto de tener un marco normativo completo que permita el crecimiento cuantitativo de los proyectos de inversión en beneficio de la sociedad. La nueva ley ordinaria aquí propuesta fijará los requisitos, formas y condiciones para el funcionamiento de este tipo de asociaciones. Claridad y certidumbre son dos elementos claves para el funcionamiento de estos proyectos. El inversionista privado debe tener la seguridad de que al cumplir con sus obligaciones tendrá la recuperación de su inversión, con una ganancia acorde y proporcional con el desempeño y características específicas del servicio que se le contrate. La generación y ejecución de proyectos de obra pública se verá beneficiado al atraer financiamiento, conocimiento, experiencia y las mejores prácticas comerciales y administrativas de los sectores privado y social, mejorando su calidad y generando ahorros significativos para el Estado. Se pretende así mismo mejorar la calidad de los servicios públicos al incorporar las etapas de mantenimiento y operación de las obras. La posibilidad de efectuar una mejor y más amplia prestación de servicios por parte del Estado también se ve altamente beneficiada con la implementación de Proyectos APP. Los servicios provistos en base a un proyecto APP pueden permitir a las dependencias o entidades dar un mejor cumplimiento a las funciones y servicios encomendados y a los objetivos descritos en el Plan Estatal de Desarrollo. Los pagos de la contraprestación se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten, y estos pagos se registran como gasto corriente. Antes de aprobarse el proyecto en cuestión, se deberá demostrar con un análisis costo y beneficio, el valor de realizar un proyecto APP. La temporalidad de la inversión descrita en el párrafo precedente se explica en el siguiente esquema: 7 5 10 15 20 21 22 23 24 25 Costos de inversión Sobrecostos Excedentes de tiempo Costos estimados Sobre costos estimados 5 10 15 20 21 22 23 24 25 Pago por disponibilidad Pago por uso o desempeño Proyecto APP Años Fase de construcción Fase de operación y mantenimientos Inversión Pública Tradicional Años Fase de construcción Fase de operación y mantenimientos Por otro lado, los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre los dos sectores. La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el ente contratante. La figura es flexible para estos fines, ya que la propiedad de los activos con los que se proporciona el servicio puede ser del inversionista privado o del gobierno. De la misma manera que otras asociaciones público privadas el Estado mantendrá en todo momento la responsabilidad directa de la provisión del servicio público. 8 Tratando de sintetizar los beneficios que se tienen con el esquema legal propuesto tenemos que:  Contaríamos con un marco legal para los Proyectos APP que es conocido y aceptado por los bancos y agentes financieros.  Habría certidumbre para todas las partes ya que el marco normativo estará 9 concentrado en una ley y reglamento especial de la misma.  Se conseguiría mayor seguridad y mejores condiciones para los inversores y una mayor claridad sobre los riesgos asumidos y su distribución entre las partes.  Se tendría un proceso más eficiente y claro en todas las etapas del proyecto como los son la preparación, licitación, construcción y operación.  Se alentaría la participación privada en la planeación de proyectos prioritarios;  Se fomentaría una mayor inversión en el sector de infraestructura en Baja California.  Se mejoraría la calidad de los servicios públicos al incorporar las etapas de mantenimiento y operación de las obras. De los planteamientos y criterios contenidos en la exposición de motivos anterior, se aprecia la necesidad de ajustar la normatividad vigente. El primero, consiste en incorporar la figura de las asociaciones público privadas en el texto constitucional a efecto de brindarle al Poder Ejecutivo y a los Municipios, la certeza requerida para promover dichos esquemas de inversión. El segundo ajuste consiste en emitir un nuevo ordenamiento que contenga las disposiciones necesarias para alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y para proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico, como lo contempla el artículo 25 de la Carta Magna. B) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA II.- ASPECTOS PARTICULARES: A). ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO Con el objetivo de clarificar la iniciativa de reforma constitucional en estudio, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 10 TEXTO VIGENTE INICIATIVA ARTÍCULO 100.- Los recursos económicos de que dispongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Públicos Autónomos y los Municipios así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas y convocatorias públicas, para que se presenten libremente proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio. ARTÍCULO 100.- ….. ….. ….. 11 Respecto a los bienes muebles del Estado deben implementarse y ejercerse estrictos sistemas de control para garantizar su uso racional y esmerada conservación, así como para operar las bajas, venta, permuta o donación de los mismos, cuando por su estado físico o cualidades técnicas ya no sean útiles o funcionales. Así también, cuando se hubieren extraviado, robado, accidentado o destruido, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones legales que resulten aplicables. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. El Estado alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial y sustentable, mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas, mismas que se regirán exclusivamente por la ley de asociaciones público privadas que al efecto se emita, a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado y Municipios. Respecto a los bienes muebles del Estado deben implementarse y ejercerse estrictos sistemas de control para garantizar su uso racional y esmerada conservación, así como para operar las bajas, venta, permuta o donación de los mismos, cuando por su estado físico o cualidades técnicas ya no sean útiles o funcionales. Así también, cuando se hubieren extraviado, robado, accidentado o destruido, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones legales que resulten aplicables. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 12 El manejo de los recursos económicos del Estado se sujetará a las bases de este Artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado. El manejo de los recursos económicos del Estado se sujetará a las bases de este Artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, se plantea expedir un nuevo ordenamiento regulador de las asociaciones público privadas, abrogando la ley vigente; LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el proceso para la realización de proyectos, bajo el esquema de asociaciones público privadas para el desarrollo de infraestructura y de prestación servicios públicos, siempre que ello permita el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado o de sus Municipios, respectivamente. Artículo 2. Los proyectos de asociación público privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura y recursos provistos total o parcialmente por el sector privado. En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar la necesidad o conveniencia frente a otras formas de financiamiento. Artículo 3. También podrán ser proyectos de asociación público privada los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científico-tecnológica pública del Estado. A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación previstos en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de 13 Baja California. Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable por la legislación estatal relativa a ciencia, tecnología e innovación. Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia específica que comprenda. Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a proyectos de asociaciones público privadas que realicen: I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Baja California que tengan facultades para ello; II. Los Municipios del Estado de Baja California, que así lo consideren; III. Personas de derecho público estatal, con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Baja California, las cuales aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios órganos de control. Artículo 5. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Artículo 6. Las disposiciones legales del Estado de Baja California en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de asociaciones público privadas, salvo en lo que expresamente señale la presente Ley. Artículo 7. Para la mejor implementación de Proyectos de Asociación Pública Privada se dispone lo siguiente: I. Se constituye el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas, como un órgano colegiado e interinstitucional de análisis, opinión y decisión, con el propósito de auxiliar en los procedimientos de autorización de proyectos de asociación público privado que realice el Ejecutivo del Estado, conforme a lo dispuesto en esta Ley. El Comité de Proyectos se integrará por el titular o un representante del nivel jerárquico inmediato inferior al mismo, de las siguientes Dependencias o Unidades Administrativas: a) Secretaría de Planeación y Finanzas, que presidirá al Comité; b) Secretaría General de Gobierno, c) Coordinación General de Gabinete, 14 d) Oficialía Mayor de Gobierno; e) Secretaría de Desarrollo Económico, f) Dirección de Control, Evaluación Gubernamental; y g) Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que tendrá a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Comité. El Comité de Proyectos podrá sesionar con la presencia de más de la mitad de sus integrantes, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, haciéndose constar en el acta respectiva la votación correspondiente. A las sesiones del Comité deberá asistir un representante de la Entidad contratante, quien tendrá voz pero no voto, salvo que sea integrante del Comité. Las funciones de la Secretaría Ejecutiva serán las que el Comité le encomiende. II. El Ejecutivo del Estado podrá crear una Unidad Técnica de Inversión que funja como órgano de asesoría, análisis, apoyo, soporte y promoción del Comité de Proyectos. Las funciones y facultades de dicha Unidad Técnica de Inversión se determinarían en el Reglamento, así como en el acuerdo de creación de la Unidad indicada. III. Cualquiera de los Municipios podrá implementar por sí mismo o en forma conjunta con otras entidades proyectos de Asociación Público Privada. En cada caso y como parte del proceso para determinar la viabilidad del proyecto, el Municipio deberá obtener un dictamen técnico de procedencia por parte del Comité Estatal de Proyectos. El Municipio respectivo, deberá integrar un órgano colegiado en términos equivalentes al Comité de Proyectos previsto en este artículo, y sus atribuciones serán similares a las de éste y funcionará según se establezca en las reglas que para tal efecto emita el Ayuntamiento, en términos de la normatividad que resulte aplicable. IV. Cada Municipio creará su propio Reglamento Municipal de Asociaciones Público Privadas para la implementación de proyectos bajo este esquema. El Municipio deberá establecer y desarrollar en su reglamento los aspectos que se mencionan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: a) Las Autoridades responsables de aplicar las disposiciones en la materia; b) Que sus proyectos de Asociación Público Privada se ajustarán a lo dispuesto por esta Ley, en lo que resulte aplicable y que deberán de ser Proyectos consistentes y congruentes con el Plan Municipal y el Plan Estatal de Desarrollo, según lo previsto en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California. c) Contenido de las Propuestas del Proyecto de Asociación Público Privada; Reglas y excepciones aplicables a los Concursos; lo relativo a la adquisición de bienes para el 15 proyecto; derechos y obligaciones de las entidades Privadas; Modificaciones y Terminación del proyecto; Supervisión del Proyecto; y medios para Solución de Controversias derivadas de estos Proyectos. d) Las personas que no podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público privada. Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria: I. El Código de Comercio; II. El Código Civil para el Estado de Baja California; III. La Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, y IV. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Artículo 9. Los esquemas de asociación público privada regulados en la presente Ley son opcionales, y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios correspondientes, salvo en aquellos casos previstos en la legislación aplicable. Artículo 10. Las Dependencias y Entidades deberán publicar en el Portal de Compras del Gobierno del Estado e-Compr@sBC, por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público privada estatales, así como de los proyectos no solicitados que reciban las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación. La información en el Portal e-Compr@sBC, deberá contener los datos necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través del esquema de asociaciones público privada, y que permitan realizar análisis sobre la viabilidad del proyecto. Además, contendrá información para identificar los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Este sistema establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 16 conservación de la información. Artículo 11. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Asociación público privada: Cualquier esquema de los descritos en los artículos 2 y 3 de esta Ley; II. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de asociación público privada; II. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de asociación público privada; IV. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto de asociación público privada; V. e-Compr@sBC: El Portal o sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Baja California, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que lleva la Oficialía Mayor de Gobierno, así como el sistema electrónico de información o portal que en el futuro lo llegase a sustituir; VI. Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público privada; VII. Contraloría: La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental; VIII. Convocante: Dependencia o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada; IX. Dependencias: Las dependencias centralizadas de la Administración Pública del Estado de Baja California; X. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto social exclusivo para desarrollar un determinado proyecto de asociación público privada, con quien el Ejecutivo del Estado o una dependencia o entidad celebre el contrato respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto; XI. Ente Contratante: Las dependencias, personas y entidades de carácter público señalados en esta Ley; XII. Entidades: Las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California; 17 XIII. Comité de Proyectos: El Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas; XIV. Ley: La Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California; XV. Municipios: Los Municipios del Estado de Baja California y sus entes públicos; XVI. Nivel de desempeño: Conjunto de especificaciones y parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en la prestación de un servicio, o en la construcción y ejecución de la infraestructura, que se realicen bajo el esquema de asociación público privada; XVII. Oficialía: Oficialía Mayor del Estado de Baja California; XVIII. Promotor: Persona que promueve, ante una instancia del sector público, un proyecto de asociación público privada; XIX. Productos o mercancías regionales: Son los bienes y servicios producidos, manufacturados, desarrollados o transformados por fabricantes o productores regionales; XX. Distribuidor regional: Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el Proyecto respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado; XXI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley; XXII. Secretaría: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California; y XXIII. SIDUE: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Para efectos de esta Ley, los términos de las definiciones anteriores que se utilicen indistintamente en plural o singular se entenderán que se refieren a las mismas definiciones de este artículo. CAPÍTULO II. DE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LA PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS Artículo 12. Para realizar proyectos de asociación público privada se requiere: I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones del ente público contratante, por un lado, y los del o los desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro; y II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos. Artículo 13. Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público 18 privada, el Ente Contratante deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes: I. La descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo; II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias; IV. La viabilidad jurídica del proyecto; V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, la afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, así como su viabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridades competentes. Este primer análisis o estudio preliminar será distinto a la manifestación de impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables; VI. La rentabilidad social del proyecto; VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, tanto estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales; VIII. Que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales, sobre aquellos que no cumplan con dicha característica; IX. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y X. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones. La información anterior deberá ser publicada en internet y ser presentada por el Ente Contratante para aprobación ante el Comité de Proyectos. La Secretaría coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con la información relativa a los proyectos de asociación público privada, previstos en las fracciones I a la IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la información siguiente: a) Nombre del proyecto; b) Número de licitación y/o registro del sistema electrónico de información pública gubernamental e-Compr@sBC; c) Nombre del convocante; d) Nombre del desarrollador; 19 e) Plazo del contrato de asociación público privada; f) Monto total del proyecto; g) Monto de los pagos programados y ejecutados durante el ciclo de vida del proyecto; h) Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento; i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción X del presente artículo; y j) Otra información que la Secretaría considere relevante. La información a que hace referencia el presente artículo será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y demás disposiciones aplicables. Artículo 14. En los estudios previos para preparar los proyectos de asociación público privada, las dependencias y entidades considerarán: I. Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables. II. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, así como en su caso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás autoridades federales, estatales y municipales que tengan atribuciones en la materia; III. El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal; IV. El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal; y V. En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo estatal, la congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial que corresponda. Artículo 15. El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el 20 desarrollo del proyecto, mencionado en la fracción II del artículo 13 de esta Ley, deberá referirse a los aspectos siguientes: I. Información del o de los registros públicos de la propiedad de ubicación de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa a la titularidad, gravámenes y anotaciones marginales de tales inmuebles; II. Factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su caso, los demás bienes y derechos de que se trate; III. Estimación preliminar por la dependencia o entidad interesada, sobre el posible valor de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para desarrollar el proyecto; IV. Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y problemática de los inmuebles de que se trate; y V. Una relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y otros bienes que resultarían afectados y el costo estimado de tales afectaciones. Artículo 16. Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante esquemas de asociación público privada conforme a lo dispuesto en la fracción X del artículo 13 de esta Ley, el Ente Contratante aplicará los lineamientos que al efecto determine el Comité de Proyectos. La evaluación deberá incorporar un análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento. Artículo 17. El Reglamento señalará el contenido y demás alcances de los estudios a que se refiere el artículo 13 de esta Ley. Artículo 18. Los proyectos de asociación público privada serán preferentemente integrales, pero, cuando así resulte conveniente y necesario, podrán concursarse por etapas, si ello permite un avance más ordenado en su implementación. Artículo 19. Las dependencias y entidades podrán contratar la realización de los trabajos previstos en el artículo 13 de esta Ley, cualesquiera otros estudios, y el propio proyecto ejecutivo, necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada, así como servicios para la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos, igualmente necesarios para tales proyectos. La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se sujetará a lo previsto en las disposiciones legales vigentes en el Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios o en obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, según sea el caso. El Ente Contratante podrá optar por celebrar los contratos citados a través de invitación a cuando menos tres personas, o mediante adjudicación directa, en adición a los 21 supuestos previstos en las citadas disposiciones legales del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios o en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, según corresponda. No será necesaria la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y el Ente Contratante, siempre que el monto de los honorarios pactados no exceda del equivalente al cuatro por ciento del costo total estimado del proyecto. SECCIÓN II. INICIO DE LOS PROYECTOS Artículo 20. Con base en los análisis mencionados en el artículo 13, el Comité de Proyectos decidirá si el proyecto es o no viable y, de serlo, procederá a su implementación y desarrollo, para los efectos del artículo 23 de esta Ley. Artículo 21. Las dependencias y entidades darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante esquemas de asociación público privada, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos de las disposiciones de protección ambiental, asentamientos humanos, desarrollo urbano, construcción, uso de suelo y demás que resulten aplicables, en el ámbito estatal. En relación con las autorizaciones estatales previas necesarias para iniciar la ejecución de un proyecto de asociación público privada, si la autoridad competente no contesta en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida. En caso de autorizaciones previstas en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, el plazo será el previsto en la propia Ley. Tratándose de la autorización en materia de impacto ambiental, la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, notificará al Ente Contratante o desarrollador las condicionantes a que se sujetará la realización del proyecto, dentro de los diez días hábiles siguientes a que haya vencido el plazo de resolución señalado en la ley de la materia. Para que opere la afirmativa ficta señalada en este artículo, al solicitar cada una de las autorizaciones respectivas, los promoventes deberán señalar que la autorización se refiere específicamente a un proyecto de asociación público privada. Artículo 22. Para iniciar el desarrollo de un proyecto de asociación público privada, las dependencias y entidades deberán contar con los análisis mencionados en el artículo 13 anterior, totalmente terminados, sin que requieran cumplir algún otro requisito distinto a los previstos en la sección primera del presente capítulo. SECCIÓN III. OTRAS NORMAS SOBRE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS Artículo 23. El gasto público estatal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en esta Ley, se ajustará a las disposiciones legales aplicables en el Estado. 22 Para tal efecto, la Secretaría con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación del Gobierno Estatal, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos. Los proyectos de asociación público privada que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y autorizados por el Comité de Proyectos a fin de determinar su orden de ejecución, considerando, en el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo estatal, la congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial, de acuerdo a lo determinado por la dependencia o entidad correspondiente conforme al artículo 14, fracción V de esta Ley. Artículo 24. Cuando por las condiciones especiales del proyecto se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación, programación y presupuestación en su conjunto. CAPÍTULO III. DE LOS PROYECTOS NO SOLICITADOS Artículo 25. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal competente. Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado y en su página en Internet, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de los proyectos que estén dispuestos a recibir. En estos casos, sólo se analizarán los proyectos que atiendan los elementos citados. Artículo 26. Sólo se analizarán los proyectos no solicitados de proyectos de asociación pública privada que cumplan con los requisitos siguientes: I. Se presenten acompañados con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes: a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas; b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos; c) La viabilidad jurídica del proyecto; 23 d) La rentabilidad social del proyecto; e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto; f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y g) Las características esenciales del contrato de asociación público privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector. II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 25 de la presente Ley; y III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos. El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales. Si el proyecto no solicitado incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran incompletos, la propuesta no será analizada. Artículo 27. La dependencia o entidad competente que reciba el proyecto no solicitado contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, cuando la dependencia o entidad así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto. Artículo 28. En el análisis de los proyectos no solicitados, se podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información adicional, o podrá la dependencia o entidad competente realizar los estudios complementarios. Asimismo, podrá compartir el proyecto con otras dependencias o entidades del sector público federal, o invitar a estas y otras instancias del ámbito estatal y municipal a participar en el proyecto. Para la evaluación del proyecto no solicitado deberán considerarse, entre otros aspectos, que se refiera a un proyecto de interés público y rentabilidad social congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales y regionales que, en su caso, correspondan. Artículo 29. Transcurrido el plazo para evaluación del proyecto no solicitado y, en su caso, su prórroga, la dependencia o entidad emitirá la opinión de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del concurso, o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados. 24 La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la dependencia o entidad y en e-Compr@sBC, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 30. Si el proyecto es procedente, y el Comité de Proyectos lo autoriza y el Ente Contratante decide celebrar el concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones siguientes: I. La dependencia o entidad convocante entregará al promotor del proyecto un certificado en el que se indicará el nombre del beneficiario, monto, plazo y demás condiciones para el reembolso de los gastos incurridos por los estudios realizados, para el evento de que el promotor no resulte ganador o no participe en el concurso. Este reembolso será con cargo al adjudicatario del contrato, en los términos que se indiquen en las bases del concurso. II. Contra la entrega de este certificado, el Ente Contratante adquirirá el uso completo de los derechos relativos a los estudios presentados; III. El promotor suscribirá declaración unilateral de voluntad, irrevocable, en la que se obligue a: a) Otorgar sin limitación alguna toda la información relativa al proyecto, que le sea solicitada por cualquier postor en el concurso, incluyendo hojas de trabajo y demás documentos conceptuales o proyectos alternos; y b) Ceder, en caso de que se adjudique el contrato de asociación pública privada a una persona distinta al promotor, los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos de autor y propiedad industrial, así como cualquier otra para que el proyecto pueda desarrollarse en el evento de que el ganador del concurso sea distinto al mismo promotor. En caso de que el concurso se declare desierto o la dependencia decida su cancelación definitiva, el promotor continuará teniendo los derechos sobre el proyecto en los términos originalmente presentados; IV. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 19 de esta Ley, evaluación de los proyectos o la realización de estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso; V. La convocatoria al concurso se realizará hasta que se hayan cumplido todos los requisitos de la sección primera del capítulo segundo de esta Ley y de las fracciones I y II del presente artículo. VI. Si el concurso no se convoca por causa imputable al promotor, responderá de los daños y perjuicios que se causen en términos de la legislación civil. Incluso si el proyecto se concursa, se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad en los términos que determine el reglamento; VII. El promotor que presentó el proyecto no solicitado con base en el cual se realiza el concurso, tendrá un premio en la evaluación de su oferta, que se establecerá en las bases y que no podrá exceder del equivalente a un diez por ciento en relación con los 25 criterios señalados para adjudicar el contrato. El Reglamento establecerá métodos y procedimientos para calcular este premio; VIII. En el evento de que en el concurso sólo participe el promotor, podrá adjudicársele el contrato, siempre que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos previstos en las bases del citado concurso, y IX. En caso de que se declare desierto el concurso y que la dependencia o entidad convocante decida no adquirir los derechos sobre los estudios presentados, se procederá a cancelar el certificado a que se refiere la fracción I del presente artículo, y a devolver al promotor los estudios que éste haya presentado. Artículo 31. Si el proyecto se considera procedente, pero la dependencia o entidad decide no celebrar el concurso, podrá ofrecer al promotor adquirir los estudios realizados, junto con los derechos de autor y de propiedad industrial correspondientes, mediante un precio que deberá señalar el promotor en la entrega del proyecto no solicitado, mismo que no podrá exceder del reembolso de todo o parte de los costos incurridos y un monto por utilidad que no podrá exceder del diez por ciento (10%) del monto de los gastos. El ofrecimiento se hará por escrito, debidamente motivado y justificado, debiendo expresar la congruencia del proyecto con el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los programas que de éste derivan. Tal facultad la tendrá el titular de la dependencia y no será delegable. Artículo 32. En los supuestos de los artículos 30, fracción I y 31 de esta Ley, el promotor deberá justificar los gastos realizados y su monto. El monto a reembolsar será determinado por un tercero acordado por ambas partes, contratado específicamente para ello y previo el respectivo estudio de mercado. Artículo 33. Si el proyecto no es procedente, por no ser de interés público, por razones presupuestarias o por cualquier otra razón, la dependencia o entidad así lo comunicará al promotor. En todo caso, el promotor estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 34. Cuando se presenten dos o más propuestas en relación con un mismo proyecto y más de una se consideren viables, la dependencia o entidad resolverá en favor de la que represente mayores beneficios esperados y, en igualdad de condiciones, en favor de la primera presentada así como la que represente un menor valor de gastos reembolsables así como la utilidad esperada en su caso. Artículo 35. La presentación de propuestas sólo da derecho al promotor a que la dependencia o entidad las analice y evalúe. La opinión de viabilidad por la cual un proyecto se considere o no procedente, no representará un acto administrativo de autoridad y contra ella no procederá instancia ni medio de defensa alguno. Artículo 36. En caso de que durante el plazo de evaluación, el interesado no proporcione la información solicitada sin causa justificada o bien, promueva el proyecto con alguna otra entidad o de alguna otra manera, o ceda su propuesta a terceros, se dará por concluido el trámite y el interesado perderá en favor del Ejecutivo 26 Estatal todos sus derechos sobre los estudios presentados, incluso si el proyecto se concursa, previa garantía de audiencia. CAPÍTULO IV. DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LOS CONCURSOS Artículo 37. La dependencia o entidad que pretenda el desarrollo de un proyecto de asociación público privada convocará a concurso, ya sea directamente si tiene facultades para ello, o por medio de Oficialía Mayor o de la SIDUE, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, atendiendo sin excepción a las particularidades del artículo 30 de esta Ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes. En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. El Ente Contratante podrá contratar los servicios de un agente para que, por cuenta y orden de aquéllas, lleve a cabo las acciones materiales que permitan la celebración del concurso de un proyecto de asociación público privada. Para estas contrataciones, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley. En todo caso, los servidores públicos siempre serán responsables del cumplimiento de las bases del concurso. Artículo 38. Para la realización de la convocatoria correspondiente siempre se requerirá la autorización del Comité de Proyectos y la aprobación presupuestaria de la Secretaría. Artículo 39. En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas, se encuentren certificadas por tercero especializado de reconocida experiencia que la convocante contrate. Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca. Artículo 40. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el artículo 41 de la presente Ley. En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral en términos del artículo 80 de esta Ley. Dos o más personas podrán presentar, una propuesta conjunta, en forma de consorcio, 27 en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales, en los términos del artículo 86 de esta Ley, así como designar a un representante común para participar en el concurso, mismo que deberá representar a todas las partes en forma inequívoca. Artículo 41. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público privada, las personas siguientes: I. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con dependencias o entidades federales, estatales o municipales; III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad estatal les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario inmediato anterior a la convocatoria; IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o entidades estatales; V. Las que se encuentren inhabilitadas en los términos de las disposiciones legales en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil, y VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley, incluyendo aquellas que hayan sido inhabilitadas y/o sancionadas por efectos de leyes estatales. Artículo 42. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso y estarán obligados a cumplir las disposiciones relativas a la protección de la información considerada como confidencial o reservada conforme a la ley de la materia. 28 El Reglamento establecerá los procedimientos para garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los concursos a que se refiere este capítulo. SECCIÓN II. DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LOS CONCURSOS Artículo 43. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes: I. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y de un proyecto de asociación público privada; II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en su caso, de la infraestructura a construir; III. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra; y IV. Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso. La publicación de la convocatoria se realizará a través del Portal o página de difusión electrónica -Internet- de la dependencia o entidad convocante, en el Periódico Oficial del Estado, en e-Compr@sBC, en un diario de circulación en el Estado y en la zona en donde se vaya a desarrollar el proyecto. En proyectos conjuntos con otras entidades federativas y municipios, también deberán publicarse en los medios de difusión oficiales de cada uno de éstos. La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso. Artículo 44. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes: I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas, que comprenderán, por lo menos; a) Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de desempeño de los servicios a prestar; y b) En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y ejecución de las obras de infraestructura de que se trate. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de e-Compr@sBC, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale la convocante. 29 II. La descripción de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención; II. El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra; IV. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse; V. El proyecto del contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como una tabla con la clara distribución de riesgos del proyecto conforme al primero; VI. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del proyecto de asociación público privada que corresponda otorgar a la convocante; VII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto; VIII. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 89 de esta Ley, si participa una persona distinta a las mencionadas en el citado artículo; IX. Las garantías que los participantes deban otorgar; X. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos; XI. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato; XII. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán presentarse; XIII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse; XIV. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas; XV. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en los artículos 51 y 53 de esta Ley. En estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto en los tratados internacionales; XVI. Las causas expresas de descalificación de las propuestas presentadas; y, XVII. Los demás elementos generales, estrictamente indispensables, que el 30 Reglamento establezca, para que los concursos cumplan con los principios mencionados en el artículo 37 de esta Ley. Artículo 45. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación, salvo lo dispuesto en el Capítulo Octavo de la presente Ley. Artículo 46. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar. Artículo 47. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice, deberán ajustarse a lo siguiente: I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de los actos del concurso; y, II. No deberán implicar o generar limitación en el número de participantes en el concurso. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse. Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas. SECCIÓN III. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Artículo 48. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas, la convocante podrá efectuar un proceso de precalificación conforme al reglamento. De la misma forma, podrá realizar un registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica. Artículo 49. Los concursos tendrán uno o más eventos de consultas y aclaraciones, en los que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas, deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas que no podrá ser menor a 10 días hábiles. De ser necesario, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse, si el caso lo justifica plenamente. Artículo 50. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública. 31 En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a las concursantes aclaraciones o información adicional, en términos del artículo 52 de esta Ley. Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad. La manifestación falsa será sancionada en términos de la presente Ley. SECCIÓN IV. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO Artículo 51. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el proyecto. Los criterios establecidos en las propias bases, deberán ser siempre claros y detallados, y permitir una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno. En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes o criterios de costo-beneficio bajo las reglas señaladas en el Reglamento, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas. No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento. La inobservancia de dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas o corregir los errores que no sean aritméticos o de cálculo. Artículo 52. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento, siempre atendiendo a los principios de transparencia e igualdad. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambios o modificaciones de la propuesta originalmente presentada, ni vulnerar los principios señalados en el artículo 37 de esta Ley. Artículo 53. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos 32 legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento. Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones económicas para el Estado, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso. Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate. En caso de un concurso con base en un proyecto de los previstos en el Capítulo Tercero de esta Ley, se estará a lo previsto en el artículo 34 del citado capítulo. La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para la dependencia o entidad convocante. Artículo 54. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado. El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables. El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará en la página de difusión electrónica -Internet- de la convocante así como en e-Compr@sBC, dentro del plazo previsto en las bases del concurso. Artículo 55. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o cualquier otro tangencial que no afecte la esencia o el resultado de la evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo. Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la corrección -debidamente motivada- deberá autorizarla el titular de la convocante con vista a la SIDUE y a la Contraloría. Artículo 56. Será causa de descalificación, además de las que se indiquen en las bases, la actualización de cualquiera de las siguientes: I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las salvedades señaladas en el artículo 51 de esta Ley; II. Las que hayan utilizado información privilegiada que le haya dado una ventaja competitiva frente a los demás concursantes; 33 III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el artículo 41 de esta Ley, o en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; y, IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja indebida sobre los demás participantes. Artículo 57. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables. La convocante podrá cancelar un concurso: I. Por caso fortuito o fuerza mayor; II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto; III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo; o, IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los licitantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento. Artículo 58. Contra el fallo que adjudique el concurso solamente procederá el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. El juicio será de una sola instancia, de tramitación sumaria y preferente, y se sustanciaría directamente ante el Pleno del Tribunal. En este juicio no procederá la suspensión del acto reclamado. Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno. Las violaciones cometidas durante el procedimiento deberán plantearse en la demanda de Nulidad. SECCIÓN V. DE LOS ACTOS POSTERIORES AL FALLO Artículo 59. La formalización del contrato de asociación público privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso señalen. En el evento de que el contrato no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en 34 las bases del concurso. Artículo 60. Las propuestas desechadas durante el concurso deberán ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento. Artículo 61. Los medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, mediante los cuales se pretenda impugnar actos diferentes y posteriores al fallo, solamente suspenderán el concurso o la obra, o el servicio en curso, cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando: a) El proyecto involucre la prestación de un servicio público de necesidad inminente; o, b) Se ponga en riesgo la rentabilidad social del proyecto o su ejecución misma. III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga garantía suficiente sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere ocasionar. Dicha garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la contratación de que se trate. Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución final favorezca al recurrente, éste solamente tendrá derecho al pago de los daños y perjuicios causados. Artículo 62. Si realizado el concurso la dependencia o entidad convocante decide no firmar el contrato respectivo, cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos y efectuará los pagos a que el presente artículo hace referencia. SECCIÓN VI 35 DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO Artículo 63. Las dependencias y entidades facultadas para convocar a concurso, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación público privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos; II. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad, o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad estatal; III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables; IV. Ocurran desastres naturales o situaciones de fuerza mayor que hagan apremiante la necesidad de desarrollo de infraestructura o equipamiento; V. Se haya rescindido un proyecto adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse al concursante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con la propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de concursos con puntos y porcentajes para la evaluación, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador; VI. Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada o rescisión de un proyecto de asociación público privada en marcha; y, VII. Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional. La adjudicación de los proyectos a que se refiere este artículo se realizará preferentemente a través de invitación a cuando menos tres personas, salvo que las circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante adjudicación directa. No procederá la adjudicación directa tratándose de proyectos no solicitados a que se refiere el Capítulo Tercero de la presente Ley. Artículo 64. El dictamen de que la adjudicación se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 63 anterior, de la procedencia de la contratación y, en su caso, de las circunstancias particulares que ameriten una adjudicación directa, será responsabilidad del Titular del Ente Contratante que pretenda el desarrollo del proyecto de asociación público privada. 36 Artículo 65. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa deberá realizarse conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. A estos procedimientos les serán aplicables lo dispuesto en los artículos 38, 39, y 41 de la presente Ley. En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones. CAPÍTULO V. DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS DE LA MANERA DE ADQUIRIR LOS BIENES, DEL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN, Y DE LA EXPROPIACIÓN Artículo 66. La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada podrá recaer en la convocante, en el desarrollador o en ambos, según se señale en las bases del concurso y se convenga en el contrato respectivo tomando en cuenta la distribución de riesgos que el caso amerita. En todo caso, las bases siempre deberán considerar los montos necesarios para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas indebidas a los desarrolladores que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles destinados a la ejecución del proyecto. Artículo 67. La adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada se hará a través de la vía convencional o mediante expropiación. Artículo 68. Para proceder a la adquisición a través de la vía convencional de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto de asociación público privada, se solicitará avalúo de los mismos a la Comisión Estatal de Avalúos. La dependencia podrá efectuarlos directamente o encargarlos con un tercero independiente cuando así lo juzgue conveniente en razón del tipo de bien que se trate. Artículo 69. El avalúo podrá encomendarse a un tercero, en casos de urgencia, o bien cuando por las características especiales del bien, la Comisión Estatal de Avalúos no cuente con los recursos humanos o materiales para obtenerlo. El tercero deberá contar con título debidamente registrado, ser de reconocida reputación y tener al menos cinco años de experiencia en materia de valuación. Artículo 70. El Ente Contratante podrá cubrir, contra la posesión del inmueble, bien o derecho, anticipos hasta por el equivalente a un cincuenta por ciento del precio acordado. Asimismo, una vez en posesión, la dependencia o entidad podrá cubrir anticipos 37 adicionales con cargo al precio pactado, para pagar por cuenta del enajenante los costos derivados de la enajenación. Artículo 71. En el evento de varias negociaciones con distintas contrapartes en relación con un mismo inmueble, bien o derecho, los montos que se cubran por la vía convencional no podrán exceder, en su conjunto, del importe determinado en términos del artículo 68 de esta Ley para el mismo inmueble, bien o derecho de que se trate. Artículo 72. El Ente contratante llevará un expediente de las negociaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y documentos relativos a las mismas que el Reglamento señale. Artículo 73. Quienes enajenen los inmuebles, bienes y derechos conforme a los procedimientos de negociación a que el presente capítulo se refiere, quedarán obligados al saneamiento para el caso de evicción, independientemente de que se señale o no en los documentos correspondientes. Artículo 74. Si las negociaciones se realizan por el particular desarrollador del proyecto, se estará a la libre voluntad de las partes y no resultarán aplicables los artículos del presente capítulo. En estos supuestos, para efectos de cómputo de los montos de inversión en el proyecto de que se trata, se estará a los términos y condiciones pactados en el contrato de asociación público privada, con independencia de las sumas que el desarrollador pague por las adquisiciones que realice. Artículo 75. La expropiación se realizará en los términos de la legislación aplicable, en todo lo que no se oponga a esta Ley. CAPÍTULO VI. DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS SECCIÓN I. DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 76. Cuando en un proyecto de asociación público privada, para el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios por parte del o de los desarrolladores, se requieran de permisos, concesiones u otras autorizaciones, éstos se otorgarán conforme a las disposiciones que los regulen; en tanto que su vigencia, se sujetará a lo siguiente: a) Cuando el plazo inicial máximo que establezca la ley que regula la autorización sea menor o igual al plazo de cuarenta años, aplicará éste último; b) Cuando la ley que rige la autorización establezca un plazo inicial máximo mayor al de cuarenta años, aplicará el plazo mayor; y, c) Independientemente del plazo inicial por el que se otorgue la autorización, su duración, con las prórrogas que en su caso se otorguen conforme a la ley de la materia, no podrá exceder el plazo máximo señalado por dicha ley. 38 Artículo 77. Las autorizaciones antes citadas que, en su caso, sea necesario otorgar, contendrán únicamente las condiciones mínimas indispensables que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan al desarrollador el uso de los bienes o la prestación de los servicios del proyecto. Los demás términos y condiciones que regulen la relación del desarrollador con la dependencia o entidad serán objeto del contrato a que se refiere la sección segunda inmediata siguiente. Artículo 78. Los derechos de los desarrolladores, derivados de las autorizaciones para la prestación de los servicios, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en garantía o afecten los derechos del contrato correspondiente y previa autorización de la dependencia o entidad que los haya otorgado. Artículo 79. Cuando el contrato de asociación público privada se modifique, deberán revisarse las autorizaciones para la prestación de los servicios y, en su caso, realizarse los ajustes pertinentes. SECCIÓN II. DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Artículo 80. El contrato de asociación público privada sólo podrá celebrarse con personas morales o fideicomisos cuyo objeto social o fines sean, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo, incluyendo en forma optativa la participación en el concurso correspondiente. Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberán cumplir, mismas que deberán atender los estándares aceptables en el mercado, validados por una firma de auditoría independiente. Artículo 81. El contrato de asociación público privada deberá contener, como mínimo: I. Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes; II. Personalidad de los representantes legales de las partes; III. El objeto del contrato; IV. Los derechos y obligaciones de las partes; V. Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios; VI. La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 116 de esta Ley y la obligación de mantener dicha relación actualizada; 39 VII. El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones a favor del desarrollador; VIII. La mención de que los inmuebles, bienes y derechos del proyecto sólo podrán ser afectados en términos del artículo 82 de esta Ley; IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante; X. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes, que en todo caso deberá ser equilibrado. El Ente Contratante no podrá garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta ley y su reglamento; XI. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, así como el plazo de vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos; XII. La indicación de las autorizaciones mínimas para el desarrollo del proyecto; XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo; XIV. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes; XV. Los procedimientos de solución de controversias; y, XVI. Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca. Para efectos de la presente Ley, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condiciones de las bases del concurso y los señalados en las juntas de aclaraciones. Artículo 82. El contrato de asociación público privada tendrá por objeto: I. La prestación de los servicios que el proyecto implique; y, II. En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios citados como presupuesto para el desarrollo de lo establecido en la fracción anterior. Artículo 83. El desarrollador tendrá, los siguientes derechos, sin perjuicio de los que establezcan las demás disposiciones aplicables: 40 I. Recibir las contraprestaciones por el desarrollo del proyecto, previstas en el régimen financiero del contrato; II. Solicitar prórroga de los plazos del contrato, cuando éstos se hayan demorado por causas imputables a la dependencia o entidad contratante; y, III. Recibir las indemnizaciones previstas en el contrato, por los daños originados por las demoras mencionadas en la fracción inmediata anterior. Artículo 84. El desarrollador tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan las demás disposiciones aplicables: I. Prestar los servicios contratados, con los niveles de desempeño convenidos; II. En su caso, ejecutar la obra de infraestructura requerida para la prestación de los servicios objeto del contrato; III. Cumplir con las instrucciones de la dependencia o entidad contratante, cuando se expidan con fundamento legal o de acuerdo a las estipulaciones del contrato, siempre y cuando estén vinculadas con este último; IV. Contratar los seguros y asumir los riesgos establecidos en el contrato; V. Proporcionar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que solicite la dependencia o entidad contratante y cualquier otra autoridad competente; VI. Permitir y facilitar la supervisión y auditorías conforme a las disposiciones aplicables y al contrato; VII. Guardar confidencialidad respecto de la información y documentos relativos al proyecto, en el alcance y plazos señalados en el contrato; y, VIII. Cumplir con el régimen de comunicación social pactado en el contrato. Artículo 85. El desarrollador será responsable de aportar los recursos para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios. En los términos y condiciones establecidos en las bases del concurso, el Ente Contratante podrá aportar, en bienes, derechos, numerario o cualquier otra forma, recursos para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios. Estas aportaciones no darán el carácter público a la instancia que los reciba. El Ejecutivo del Estado entregará al Congreso del Estado de manera conjunta con el proyecto de Presupuesto de Egresos, un informe anual consolidado que especificará la información financiera relativa a los proyectos de Asociación Público Privada aprobados y contratados. El contenido de este informe se determinará en el Reglamento. 41 En el Presupuesto de Egresos del Estado se incluirá anualmente las partidas necesarias para el pago de las contraprestaciones resultantes de los que se hayan aprobado y celebrado en los términos de esta Ley. El Congreso del Estado aprobará dichas partidas durante todos los años en los que se encuentren vigentes los Contratos de Asociación Público Privada. Los pagos que deban realizarse resultantes de dichos Contratos se considerarán por el Ente Contratante preferentes respecto de otro tipo de compromisos de gasto corriente. Artículo 86. Los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, no podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera afectarse, sin previa autorización expresa y por escrito de la dependencia o entidad contratante, la cual no podrá negarse salvo por causa justificada. Lo anterior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, conforme a las disposiciones aplicables, corresponda a otras dependencias o entidades competentes. Artículo 87. Los plazos de los contratos, con sus prórrogas, no deberán exceder, en su conjunto, de cuarenta años salvo lo dispuesto por el artículo 76, fracción II, de la presente Ley. Artículo 88. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el costo de éstas, en su conjunto, no deberá exceder: I. Durante la construcción de la infraestructura de que se trate, del equivalente al quince por ciento del valor de las obras; y, II. Durante la prestación de los servicios, del equivalente al diez por ciento de la contraprestación anual por los servicios mismos. El Reglamento establecerá los lineamientos y forma de cálculo de los importes citados. En las garantías citadas se incluirán aquéllas previstas en las leyes que regulen las autorizaciones para el desarrollo del proyecto de asociación público privada de que se trate. Artículo 89. En caso de que así lo permita la rentabilidad del proyecto y según se haya establecido en las bases del concurso y en el contrato respectivo, la dependencia o entidad contratante podrá exigir al desarrollador, con independencia de lo que señalen otras disposiciones aplicables, alguna o algunas de las prestaciones siguientes: I. El reembolso del valor de los inmuebles, bienes y derechos aportados por dependencias o entidades del sector público, utilizados en el proyecto; II. El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros en la forma y términos que se establezcan en las bases del concurso o en el contrato; III. El pago de derechos por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de 42 la prestación de los servicios, previstos en las disposiciones legales aplicables; o. IV. Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato. Los seguros que la sociedad desarrolladora deberá contratar y mantener vigentes cubrirán, por lo menos, los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al servicio, así como los de responsabilidad civil. Para estos efectos, la sociedad desarrolladora contratará con empresa especializada, previamente aprobada por la dependencia o entidad contratante, la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros. Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las características y alcances de tales seguros. Artículo 90. La subcontratación de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios sólo podrá realizarse en los términos y condiciones establecidos en las bases y expresamente pactados por las partes y previa autorización del Ente Contratante. En todo caso, el desarrollador será el único responsable ante el Ente Contratante del cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato. Artículo 91. Los derechos del desarrollador, derivados del contrato de asociación público privada, podrán darse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el propio contrato señale y previa autorización del Ente Contratante. De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones representativas del capital social del desarrollador, de conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables y previa autorización del Ente Contratante. Artículo 92. El desarrollador podrá ceder los derechos del contrato, total o parcialmente, previa autorización del ente contratante. Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y condiciones previstos en el propio contrato. CAPÍTULO VII. DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Artículo 93. En los proyectos de asociación público privada, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios con los niveles de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación -menores y mayores-, de la infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios. Artículo 94. La construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura de un proyecto de asociación público privada deberán realizarse 43 conforme al programa, características y especificaciones técnicas pactadas en el contrato correspondiente, así como observar las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, desarrollo urbano y demás aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal. Las obras y servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones en un proyecto de asociación público privada no estarán sujetas a las disposiciones legales en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, ni a las relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado. SECCIÓN II. DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 95. El desarrollador deberá prestar los servicios de manera continua, uniforme y regular, en condiciones que impidan cualquier trato discriminatorio, con los niveles de desempeño pactados, en los términos y condiciones previstos en el contrato, autorizaciones para la prestación de los servicios, así como en las disposiciones aplicables. Artículo 96. La prestación de los servicios comenzará previa autorización del Ente Contratante. No procederá la autorización antes citada sin la previa verificación técnica de que las instalaciones, cumplen las condiciones de seguridad según las especificaciones del proyecto y las requeridas por las disposiciones aplicables. SECCIÓN III. DISPOSICIONES COMUNES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 97. Salvo por las particularidades determinadas por el Ente Contratante en el contrato o las modificaciones a que se refiere el artículo 108 de esta Ley, y en los demás supuestos expresamente previstos en el contrato respectivo, los riesgos de operación, prestación de los servicios y, en su caso, de construcción de la infraestructura y financiamiento del proyecto, serán asumidos por el desarrollador. Artículo 98. Las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones para la realización de actividades complementarias, comerciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios de los servicios, y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento diferenciado del servicio principal. En su caso, las características, términos y condiciones para ejecutar y utilizar estas instalaciones deberán preverse expresamente en el respectivo contrato de asociación público privada con el mayor detalle posible. Artículo 99. Si los derechos derivados del contrato de asociación público privada y, en su caso, de las autorizaciones para la prestación de los servicios, o bien los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura o destinados a la prestación de 44 servicios, no considerados públicos, fueron dados en garantía o afectados de cualquier manera, y dichas garantías o afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo tendrán derecho a los flujos generados por el proyecto, después de deducir los gastos y gravámenes fiscales de los mismos. Los titulares de las garantías o afectaciones podrán contratar, por su cuenta y previa autorización del Ente Contratante, a un supervisor de la ejecución de la obra o prestación de los servicios. Los titulares de las garantías o afectaciones no podrán oponerse a medida alguna que resulte necesaria para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio. Lo dispuesto en los dos párrafos inmediatos anteriores deberá incluirse en los títulos de las autorizaciones para la prestación de los servicios, así como en el contrato del proyecto. Artículo 100. En caso de concurso mercantil del desarrollador, la autoridad que conozca del mismo, con apoyo del Ente Contratante, dispondrá las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio. SECCIÓN IV. DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Artículo 101. El Ente Contratante podrá intervenir en la preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios, o en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público privada, cuando a juicio de un tercero experto y completamente independiente, el desarrollador incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el desarrollo mismo del proyecto. La designación del tercero independiente a que se refiere el párrafo anterior se hará de conformidad con las reglas que al efecto establezca el Reglamento. Para tales efectos, deberá notificar al desarrollador la causa que motiva la intervención, darle un plazo de 48 horas hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga, y en su caso señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo establecido la desarrolladora no comienza su corrección, la dependencia o entidad contratante procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en el Ente que, en su caso, incurra el desarrollador. En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, podrá procederse a la terminación anticipada del propio contrato. Artículo 102. En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante la ejecución de la obra o prestación del servicio y, en su caso, las contraprestaciones que por este último correspondan. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar al personal que el desarrollador venía utilizando y contratar a un nuevo constructor u operador. 45 La intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con el proyecto y la dependencia o entidad deberá garantizar ello en todo momento y lugar. Artículo 103. La intervención tendrá la duración que el Ente Contratante determine, sin que el plazo original y, en su caso, prórroga o prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años. El desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando demuestre que las causas que la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo. Artículo 104. Al concluir la intervención, se devolverá al desarrollador la administración del proyecto y los ingresos percibidos, previa aplicación y deducción de todos los gastos, penas convencionales, honorarios que la intervención generó para la dependencia o entidad. Artículo 105. Si transcurrido el plazo de la intervención, el desarrollador no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, el Ente Contratante procederá a la rescisión del contrato y, en su caso, a la revocación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto o, cuando así proceda, a solicitar su revocación a la autoridad que las haya otorgado. En estos casos, la dependencia o entidad contratante podrá encargarse directamente de la ejecución de la obra y prestación de los servicios, o bien contratar a un nuevo desarrollador mediante concurso en términos del Capítulo Cuarto de la presente Ley. CAPÍTULO VIII. DE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LA MODIFICACIÓN A LOS PROYECTOS Artículo 106. Durante la vigencia original de un proyecto de asociación público privada, sólo podrán realizarse modificaciones a éste cuando las mismas tengan por objeto: I. Mejorar las características de la infraestructura, lo que podrá incluir obras adicionales; II. Incrementar los servicios o su nivel de desempeño; III. Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la preservación y conservación de los recursos naturales; IV. Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no previsibles al realizarse la preparación y adjudicación del proyecto; o V. Restablecer el equilibrio económico del proyecto, en los supuestos del artículo 108 de la presente Ley. 46 Ninguna modificación deberá implicar transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original. De modificarse el contrato de asociación público privada o, en su caso, las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto, deberán modificarse, en lo conducente, los demás de los citados documentos. Artículo 107. En los supuestos de las fracciones I, II y IV del artículo 106 de la presente Ley, las modificaciones se ajustarán a lo siguiente: I. Si no requieren contraprestación adicional alguna ni implican disminución de las obligaciones de la desarrolladora, podrán pactarse en cualquier momento; II. Si las modificaciones requieren compensación adicional, o implican disminución de las obligaciones del desarrollador, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos siguientes: a) El cumplimiento de los supuestos señalados en las fracciones I, II y IV del artículo 106 de esta Ley, la necesidad y beneficios de las modificaciones, así como el importe de la compensación adicional o de la disminución de obligaciones, deberán demostrarse con dictamen de expertos independientes; b) Durante los primeros dos años inmediatos siguientes a la adjudicación del proyecto, el importe de las modificaciones, en su conjunto, no podrá exceder del equivalente al veinte por ciento del costo pactado de la infraestructura, así como de la contraprestación por los servicios durante el primer año de su prestación; y, c) Cuando después de los dos primeros años de adjudicado el proyecto, las modificaciones, previamente autorizadas y por autorizar, excedan en su conjunto el equivalente al veinte por ciento del costo pactado de la infraestructura, así como de la contraprestación por los servicios durante el primer año de su prestación, deberán ser expresamente aprobadas por escrito por el titular del Ente Contratante. El Reglamento establecerá los lineamientos, formas de cálculo y actualización para determinar los importes citados en esta fracción. Las modificaciones pactadas podrán incluir, entre otros, la ampliación de los plazos del contrato y de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto. Artículo 108. Con objeto de restablecer el equilibrio económico del proyecto, el desarrollador tendrá derecho a la revisión del contrato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de autoridad competente, aumente sustancialmente el costo de ejecución del proyecto, o se reduzcan, también sustancialmente, los beneficios a su favor. Para estos efectos, se entiende que las variaciones citadas son sustanciales cuando sean duraderas y pongan en riesgo la viabilidad financiera del proyecto. La revisión y, en su caso, los ajustes al contrato sólo procederán si el acto de autoridad: 47 I. Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de las posturas económicas en el concurso; II. No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación y adjudicación del proyecto; y III. Represente un cambio a las disposiciones aplicables al desarrollo del proyecto. El Ente Contratante procederá a realizar los ajustes a los términos y condiciones del contrato, incluso de la contraprestación a favor del desarrollador, que se justifiquen por las nuevas condiciones derivadas del acto de autoridad de que se trate. De igual manera, procederá la revisión del contrato cuando sobrevenga un desequilibrio económico del mismo, que implique un rendimiento para el desarrollador mayor al previsto en su propuesta económica y en el propio contrato. Artículo 109. Toda modificación a un proyecto de asociación público privada deberá constar en el convenio respectivo y, en su caso, en las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto. En casos de urgencia o aquellos en que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, el Ente Contratante podrá solicitar por escrito al desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes de la formalización de las modificaciones respectivas. SECCIÓN II. DE LA PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS Artículo 110. Previo al vencimiento de la vigencia original del contrato, las partes podrán acordar prórrogas y, en su caso, revisar las condiciones del contrato. Para efectos del otorgamiento de las prórrogas la dependencia o entidad deberá considerar cualquier cambio en las condiciones materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestación de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de la prórroga, o en su caso la convocatoria a un nuevo concurso. En dicho plazo también podrán solicitarse las prórrogas a las autorizaciones para la prestación de los servicios relativos al proyecto de asociación público privada, independientemente de lo que señalen las disposiciones que los regulen. CAPÍTULO IX. DE LA TERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Artículo 111. Sin perjuicio de las demás previstas en cada contrato, serán causas de rescisión de los contratos de asociación público privada, cualquiera de las siguientes: I. La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra imputable al 48 desarrollador, en los supuestos previstos en el propio contrato; II. La no prestación de los servicios contratados, su prestación en términos menores a los pactados, o la suspensión de éstos por más de siete días naturales seguidos, sin causa justificada y por causas imputables al desarrollador; y, III. En caso de que el proyecto requiera autorizaciones para la prestación de los servicios, la revocación de éstas por causas imputables al desarrollador. En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a lo dispuesto por las partes en el contrato y cualquier controversia al respecto será resuelta por los tribunales estatales o en su caso, mediante el procedimiento arbitral correspondiente. Artículo 112. A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y derechos de caracteres públicos, incorporados a la infraestructura o indispensables para la prestación del servicio, pasarán al control y administración del Ente Contratante. Los demás bienes necesarios para la prestación del servicio quedarán sujetos al régimen de dominio público del Estado, Ente Contratante, en los términos pactados en el contrato. La transferencia de los inmuebles, bienes y derechos en términos del párrafo inmediato anterior no implicarán la afectación de los derechos adquiridos por terceros de buena fe, quienes los conservarán en todos sus términos y condiciones. De conformidad con el artículo 81, fracción XIII, de esta Ley, y lo dispuesto en el Reglamento, el contrato de asociación público privada contendrá los términos y condiciones en los que, en caso de terminación anticipada, proceda el reembolso al desarrollador del monto de inversiones que demuestre haber realizado. Artículo 113. El Ente Contratante tendrá opción de compra en relación con los demás bienes propiedad del desarrollador, que ésta haya destinado a la prestación de los servicios contratados. CAPÍTULO X. DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS Artículo 114. Corresponderá a la Contraloría en ejercicio de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y adjudicación de los proyectos de asociaciones público privadas, así como de los demás actos regulados por la presente Ley, se ajusten a lo dispuesto en la misma, salvo los aspectos y actos señalados en los párrafos siguientes. La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del proyecto de asociación público privada, corresponderá exclusivamente al Ente Contratante y a las demás autoridades que resulten competentes. La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autoridades que las hayan otorgado sin perjuicio de que podrán utilizarse empresas contratadas específicamente para tal fin. 49 La Secretaría estará facultada para interpretar la presente Ley para efectos administrativos. Artículo 115. La supervisión de la prestación de los servicios, de la ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto, se realizará conforme a las disposiciones que resulten aplicables, así como a lo pactado en el contrato celebrado. La dependencia o entidad competente podrá contratar con terceros, en términos del artículo 19 de esta Ley, servicios de control y supervisión de los proyectos de asociación público privada. Artículo 116. Las dependencias, entidades y desarrolladores conservarán toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esta Ley, durante la vigencia del contrato y por un plazo adicional de 12 años, contados a partir de la fecha de terminación del propio contrato. Transcurrido dicho plazo, podrá precederse a su destrucción conforme a las disposiciones aplicables. CAPÍTULO XI. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 117. El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley por parte de los servidores públicos, de cualquier entidad o de cualquier persona, será sancionado conforme a la Leyes que resulten aplicables. La Contraloría vigilará los procesos de contratación en los términos de las facultades que la Ley le concede. Artículo 118. El incumplimiento de las obligaciones del contrato de asociación público privada dará lugar a las penas convencionales pactadas en el propio contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las contraprestaciones a favor del desarrollador. En los supuestos de incumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo de proyectos de asociación público privada, se estará a las disposiciones que regulan tales instrumentos. Artículo 119. Además de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las disposiciones aplicables, la Contraloría podrá inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, así como en aquellos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado y en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato que les haya sido adjudicado; 50 II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves al Ente Contratante de que se trate. III. Personas físicas o morales -y administradores que representen a éstas- que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su ejecución, o bien en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia de conciliación o de una inconformidad; IV. Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas por servidores públicos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y V. Persona o personas, físicas o morales, que tengan el control de una persona moral que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II y IV inmediatas anteriores. Para estos efectos, se entenderá que una o varias personas, físicas o morales, tienen el control de una persona moral cuando estén en posibilidad de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Artículo 120. La inhabilitación que Contraloría imponga en términos del artículo 119 de esta Ley no será menor a tres meses ni mayor a cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 121. Las dependencias o entidades, dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una inhabilitación, remitirán a Contraloría y a Oficialía la documentación comprobatoria de los mismos. Artículo 122. Las responsabilidades administrativas a que se refiere el presente capítulo serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la 51 comisión de los mismos hechos. CAPÍTULO XII. DE LAS CONTROVERSIAS SECCIÓN I. PANEL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Artículo 123. En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las partes del contrato de asociación público privada tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe siempre atendiendo a las disposiciones de la presente ley, su Reglamento y el Contrato respectivo. La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular, tendrá un plazo que al efecto convengan las partes. En el evento de que las partes no lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la divergencia a un panel de solución de controversias integrado por dos expertos en la materia de que se trate y un abogado que fungirá como presidente de dicho panel. Los dos primeros, serán designados uno por cada parte y el tercero por estos últimos, debiendo todos ellos ser absolutamente independientes de las partes. Las Partes podrán utilizar las reglas de Panel de Solución de Controversias, también conocidos como Dispute Boards de instituciones de reconocimiento nacional e internacional tales como la Cámara de Comercio Internacional en cuyo caso complementarán o sustituirán en su caso las disposiciones del presente título. Artículo 124. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de los plazos citados en el artículo 123 inmediato anterior, la parte interesada notificará a su contraparte aviso que contendrá: I. La decisión de someter la divergencia al comité de expertos; II. El experto designado por su parte; III. La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma; IV. Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y, V. La propuesta para resolver la divergencia. Dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notificación anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los mismos requisitos señalados en las fracciones II, IV y V del presente artículo. Artículo 125. Los expertos designados por las partes contarán con dos días hábiles, a partir de que reciban los escritos de las partes, para designar al tercer experto e integrar el comité. De no llegar a un acuerdo, se designará al tercero miembro del comité, mediante 52 procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a diez días hábiles, conforme a lo previsto en el Reglamento. Artículo 126. Integrado el comité, podrá allegarse los elementos de juicio que estime necesarios, a fin de analizar cada una de las posturas de las partes. De considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las partes. En todo caso, deberá emitir su dictamen en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de su constitución. Si el dictamen es aprobado por unanimidad de los expertos, será obligatorio para las partes. De lo contrario, quedarán a salvo los derechos de cada una de ellas. SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y DE CONCILIACIÓN Artículo 127. Las partes de un contrato de asociación público privada podrán pactar en el mismo la posibilidad de acudir ante la Contraloría, a presentar una solicitud de mediación o conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento de dicho contrato, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California o bien, en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, según corresponda conforme a la naturaleza del objeto de la asociación público privada de que se trate. Artículo 128. Las partes de un contrato de asociación público privada podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio contrato en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. El procedimiento arbitral podrá convenirse en el propio contrato o en convenio independiente. En todo caso, se ajustará a lo siguiente: I. Las leyes aplicables serán las vigentes en el Estado; II. Se llevará en idioma Español; y, II. El laudo será obligatorio y firme para ambas partes. La solución de controversias relacionadas con la validez legal de cualquier acto administrativo sólo podrá dirimirse por los tribunales competentes. SECCIÓN III. JURISDICCIÓN ESTATAL Artículo 129. Corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado conocer de las controversias que se susciten con los particulares por la interpretación o aplicación de esta Ley en caso de que no exista acuerdo arbitral, así como de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen. 53 Artículo 130. Las autoridades que conozcan de las controversias que se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, o de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen, proveerán lo necesario a efecto de que el desarrollo del proyecto, o la prestación del servicio objeto del contrato, no se vean interrumpidos. SECCIÓN IV. DISPOSICIONES COMUNES DEL CAPÍTULO DE CONTROVERSIAS Artículo 131. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse. El Reglamento señalará los montos, términos y condiciones de estas garantías. Artículo 132. La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca de una actuación notoriamente improcedente o como táctica meramente dilatoria, podrá imponer a quien lo promueva multa administrativa de quinientas y hasta dos mil veces el salario mínimo general diario para el Estado de Baja California, elevado al mes, vigente en la fecha de interposición del recurso. Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a la convocante y, en su caso, a los terceros afectados, los daños y perjuicios que tales conductas ocasionen, con independencia a las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar. A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 48, de fecha 30 de octubre de 2009, Tomo CXVI, Sección II. TERCERO.- Los Proyectos de Asociación Público Privadas que estén en operación a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, serán substanciados conforme a las disposiciones de la Ley anterior. CUARTO.- El Ejecutivo del Estado deberá emitir el reglamento respectivo dentro de un plazo de noventa días a partir de la vigencia del presente Decreto. 54 B) MARCO JURÍDICO I.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 55 extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes 56 sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. II.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO 100.- Los recursos económicos de que dispongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Públicos Autónomos y los Municipios así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas y convocatorias públicas, para que se presenten libremente proposiciones solventes en sobre cerrado, que 57 será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio. Respecto a los bienes muebles del Estado deben implementarse y ejercerse estrictos sistemas de control para garantizar su uso racional y esmerada conservación, así como para operar las bajas, venta, permuta o donación de los mismos, cuando por su estado físico o cualidades técnicas ya no sean útiles o funcionales. Así también, cuando se hubieren extraviado, robado, accidentado o destruido, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones legales que resulten aplicables. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. El manejo de los recursos económicos del Estado se sujetará a las bases de este Artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado. 58 ANÁLISIS DE LA INICIATIVA A grandes rasgos, se considera que la Iniciativa es viable atendiendo a que tiene por finalidad contar con un ordenamiento legal que tenga mayor claridad, precisión y hasta concordancia con la normatividad existente a nivel federal, buscando con ello incentivar la creación de los proyectos de asociaciones público privadas, al brindarse certeza tanto al Estado, como a los potenciales inversionistas e integrantes del sistema financiero. Una vez analizada la vigente Ley de Proyectos de Asociación público privada del Estado de Baja California y sus Municipios, se aprecia que regula lo relativo a la evaluación, aprobación, presupuestación y contratación de los Proyectos de Asociación público privada (sucesivamente referidos como APP); sin embargo, dicho ordenamiento efectivamente es omisa en diversos aspectos como es la carencia de un procedimiento de contratación propio, medios alternativos para la solución de controversias o la especificación básica del clausulado de los contratos respectivos de dichos proyectos. Así mismo, la ley vigente no promueve la transparencia, no regula debidamente las propuestas de creación de los proyectos no solicitadas; tampoco expresa un contenido mínimo del clausulado de los contratos. No determina las causas, procedimiento y términos de rescisión de los contratos, ni determina la obligación de registro y publicidad de los mismos. Y en general, carece de armonía con otros marcos normativos. Ahora bien, del análisis de la ley propuesta, se aprecia que se desarrolla debidamente el rubro del inicio de los proyectos de creación de las APP, toda vez que permitirá, en primer lugar a las entidades públicas o dependencias iniciar proyectos APP en infraestructura y servicios públicos. Los proyectos APP iniciados por las entidades públicas podrán estar dirigidos a atraer por invitación a entidades privadas, para presentar sus propuestas de conformidad con las bases publicadas en las convocatorias por las entidades públicas. La media legislativa propuesta también establece la posibilidad de que cualquier 59 interesado, en forma unilateral podrá presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal que corresponda; lo cual resulta de gran importancia puesto que estimulará la creatividad del sector productivo y lograr soluciones innovadoras sin que el costo de la investigación y desarrollo recaiga en el Estado. Otra particularidad de la propuesta es la regulación sobre la viabilidad de un proyecto de asociación público privada, toda vez que se prevé que la dependencia o entidad interesada deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes: 1) La descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo; 2) Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 3) Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias; 4) La viabilidad jurídica del proyecto; 5) El impacto ambiental; 6) La rentabilidad social del proyecto; 7) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie; 8) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 9) La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones. Por ello, se estima que tal medida asegurará que dichos proyectos serán realizados con bases y estimaciones reales, lo cual, garantizará el exitosos cumplimiento del servicio público de que se trate. Por otra parte, se advierte que la normatividad planteada contiene el supuesto de que la propuesta de proyecto APP podrá ser realizada por cualquier persona física actuando en su propio derecho, lo que se estima congruente con el artículo 1º de la Carta Magna; sin embargo, se prevé que los contratos APP únicamente podrán ser celebrados con sociedades mexicanas o por medio de un fideicomiso, ello, en atención a que ello brindará una mayor seguridad jurídica y económica tanto para la entidad o dependencia contratante, como para terceros interesados como son las entidades del sistema financiero. Otra virtud del proyecto en análisis, es el desarrollar exhaustivamente el rubro del contenido de las propuestas de APP. Efectivamente, se establece que las propuestas de asociación público privada, al presentar un proyecto deberán contener: Descripción y viabilidad técnica del mismo, bienes y derechos necesarios para llevarlo a cabo; las autorizaciones reglamentarias necesarias, el cumplimiento legal del proyecto; análisis de 60 impacto ambiental; descripción de beneficio social; estimación de la inversión requerida de las entidades públicas; la viabilidad económica y financiera; el beneficio del mismo en comparación con otras opciones disponibles; con lo cual, se brindará una mayor certeza para los particulares que participen en tales convocatorias. Un supuesto novedoso que contiene la iniciativa de ley en estudio, es el que las dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de APP por regla general convocarán un concurso, para lo cual, podrán contratar los servicios de un agente para que, por cuenta y orden de aquéllas, lleve a cabo las acciones materiales que permitan la celebración del concurso de un proyecto. Con lo cual, se asegura que las dependencias y entidades no se distraigan de sus obligaciones habituales y que el concurso podrá ser realizado por un agente con la experiencia y los conocimientos especializados necesarios para garantizar las mejores condiciones para el Estado. Así mismo, el proyecto legislativo contempla excepciones a la licitación pública, al precisarse los supuestos en los que se podrá adjudicar proyectos de APP, como por ejemplo cuando no existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, se realicen con fines exclusivamente de seguridad, o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad estatal; desastres, caso fortuito o fuerza mayor. En tales supuestos, con las restricciones de ley, podrá emplearse el procedimiento de invitación o adjudicación directa, lo que es viable atendiendo a que en tales casos, resultaría ocioso realizar un concurso. Otro aspecto novedoso del proyecto, no contemplado en la normatividad vigente, es el tema relativo a la adquisición de bienes para el proyecto. Efectivamente, la entidad o dependencia pública involucrada en un proyecto APP podrá obligarse a obtener los inmuebles, bienes y derechos legales conducentes a su implementación, ya sea por expropiación o bien, por medio de compraventa. Con ello, se brindarán los medios necesarios para lograr el cumplimiento del servicio público de que se trate el proyecto APP. Por otra parte, se aprecia que el proyecto brinda mayores elementos para garantizar los derechos y las obligaciones de los particulares habida cuenta que se establece que las 61 entidades privadas que participen en proyectos APP tendrán derecho a la contraprestación que se establezca en el contrato APP y a una indemnización por los retrasos que se presenten en el proyecto, causados por las entidades públicas. De igual manera, se expresa que las entidades privadas que participen en proyectos APP estarán obligadas a: prestar los servicios especificados en el contrato APP; construir las obras del Proyecto APP; cumplir obligaciones de conformidad con las leyes aplicables y el contrato; obtener cobertura de seguros adecuada; proporcionar información financiera; permitir la auditoría del proyecto, y mantener la confidencialidad del mismo. Con tales medidas, se contará con mayores elementos para asegurar el logro de los fines públicos objeto de las APP. Otro apartado relevante del ordenamiento contenido en la iniciativa en análisis, es el tocante a las posibles modificaciones a los documentos del proyecto, supuesto no contenido en la norma actual, mediante lo cual, podrá mejorarse el proyecto APP, ajustarlo a eventos imprevistos, incluso para el restablecimiento del equilibrio financiero del mismo. De igual forma, la norma propuesta regula los supuestos relativos a la cancelación, abandono o retraso en la implementación de la APP, así como los casos de falta de servicios prestados por la entidad privada, por un período continuo sin causa y revocación de las autorizaciones administrativas relevantes. Con lo cual, se dará un marco normativo con mayor cobertura de las eventualidades que pudieran surgir en la realización de las APP, lo que representa una mayor seguridad jurídica para los contratantes. En el rubro de la supervisión de los proyectos APP, se advierte una gran mejoría normativa, puesto que se establece detalladamente que la autoridad estará facultada para supervisar los proyectos APP en todas sus etapas, y que cualquier incumplimiento del contrato APP o de las leyes aplicables, resultará en el pago de daños y perjuicios por la entidad privada participante. La propuesta más innovadora de la iniciativa en estudio, es el rubro tocante a la solución de controversias, toda vez que se prevé que en caso de divergencias las partes del contrato de asociación público privada tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo por medio diversos medios de solución de controversias ya probados en este tipo de 62 proyectos como los son el Panel de Expertos, la Mediación, la Conciliación o el Arbitraje. Efectivamente, se contempla un Panel de solución de controversias, en el cual, en caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las partes del contrato de asociación público privada tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo; en caso de que no se logre, se prevé la posibilidad de someterse a un panel de solución de controversias integrado por dos expertos en la materia de que se trate y un abogado que fungirá como presidente de dicho panel. En dicho Panel, las Partes podrán utilizar las reglas de Panel de Solución de Controversias, también conocidos como Dispute Boards de instituciones de reconocimiento nacional e internacional tales como la Cámara de Comercio Internacional. Es por todo lo anterior que se afirma que la presente propuesta, contiene las herramientas necesarias para darle un gran impulso a la modernización de nuestro Estado, con innovación, y superando los paradigmas en materia de provisión de infraestructura y prestación de servicios. Por lo anteriormente expuesto, del análisis jurídico realizado, esta H. Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, determina la Procedencia de la Iniciativa de reforma que modifica el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y de la Iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas para de Estado de Baja California, de acuerdo a lo antes manifestado, por lo que se llega a los siguientes: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de conformidad con la fracción I del artículo 27 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, legislar, reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos estatales. SEGUNDO.- Que toda iniciativa de reforma presentada a esta Honorable Asamblea, debe reunir los requisitos de fondo que prevé el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. TERCERO.- Que en tal virtud, las facultades que no estén expresamente otorgadas por 63 nuestra Carta Magna a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, conforme a lo establecido por el artículo 124 del ordenamiento citado, por lo cual se entiende, que los Estados conservan en todo el poder no delegado al gobierno federal por la Constitución, por lo que la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California está facultado para expedir leyes sobre el ámbito de su competencia. CUARTO.- Que la iniciativa en estudio fue presentada ante la Oficialía de Partes de ésta H. Legislatura en fecha 12 de junio 2014, bajo el argumento de la necesidad de contar con un ordenamiento legal que tenga mayor claridad y precisión en la regulación de los proyectos de asociaciones público privadas, con la finalidad de que el Estado aliente y proteja la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial y sustentable; y para lograrlo, se expide un nuevo ordenamiento que establezca las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el citado esquema de asociaciones público privadas, a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado y Municipios. QUINTO.- Que el presente Dictamen fue ____ por ____ votos a favor por parte de los C. C. Diputados ____, integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la XXI Legislatura de Baja California, los siguientes puntos: R E S O L U T I V O S PRIMERO.- Se aprueba la reforma que modifica el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con la finalidad de agregar un párrafo en lugar del actual párrafo cuarto, recorriéndose íntegramente los párrafos cuarto, quinto y sexto vigentes, para quedar de la forma siguiente: 64 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA ARTÍCULO 100.- ….. ….. ….. El Estado alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo industrial y sustentable, mediante el establecimiento de las bases y requisitos de realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas, mismas que se regirán exclusivamente por la ley de asociaciones público privadas que al efecto se emita, a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado y Municipios. Respecto a los bienes muebles del Estado deben implementarse y ejercerse estrictos sistemas de control para garantizar su uso racional y esmerada conservación, así como para operar las bajas, venta, permuta o donación de los mismos, cuando por su estado físico o cualidades técnicas ya no sean útiles o funcionales. Así también, cuando se hubieren extraviado, robado, accidentado o destruido, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones legales que resulten aplicables. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. El manejo de los recursos económicos del Estado se sujetará a las bases de este Artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado. T R A N S I T O R I O S PRIMERO.- Aprobada que sea esta Iniciativa por esta Honorable Asamblea, envíese a los Ayuntamientos del Estado copia del acta de los debates que hubiere provocado, para efecto de dar cumplimiento con lo previsto por el articulo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 65 SEGUNDO.- En su oportunidad, pronunciada la Declaratoria en los términos establecidos por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, remítase al Ejecutivo la presente Reforma Constitucional para los efectos conducentes. TERCERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. SEGUNDO.- Se aprueba la expedición de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California, para quedar de la forma siguiente: LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular el proceso para la realización de proyectos, bajo el esquema de asociaciones público privadas para el desarrollo de infraestructura y de prestación servicios públicos, siempre que ello permita el cumplimiento de los fines que sean competencia del Estado o de sus Municipios, respectivamente. Artículo 2. Los proyectos de asociación público privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura y recursos provistos total o parcialmente por el sector privado. En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar la necesidad o conveniencia frente a otras formas de financiamiento. Artículo 3. También podrán ser proyectos de asociación público privada los que se realicen en los términos de esta ley, con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científicotecnológica pública del Estado. 66 A estos esquemas de asociación público privada les resultarán aplicables los principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación previstos en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Baja California. Estas asociaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les resulte aplicable por la legislación estatal relativa a ciencia, tecnología e innovación. Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a las disposiciones aplicables a la materia específica que comprenda. Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a proyectos de asociaciones público privadas que realicen: I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Baja California que tengan facultades para ello; II. Los Municipios del Estado de Baja California, que así lo consideren; III. Personas de derecho público estatal, con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Baja California, las cuales aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios órganos de control. Artículo 5. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Artículo 6. Las disposiciones legales del Estado de Baja California en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de asociaciones público privadas, salvo en lo que expresamente señale la presente Ley. Artículo 7. Para la mejor implementación de Proyectos de Asociación Pública Privada se dispone lo siguiente: I. Se constituye el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas, como un órgano colegiado e interinstitucional de análisis, opinión y decisión, con el propósito de auxiliar en los procedimientos de autorización de proyectos de asociación público privado que realice el Ejecutivo del Estado, conforme a lo dispuesto en esta Ley. El Comité de Proyectos se integrará por el titular o un representante del nivel jerárquico inmediato inferior al mismo, de las siguientes Dependencias o 67 Unidades Administrativas: a) Secretaría de Planeación y Finanzas, que presidirá al Comité; b) Secretaría General de Gobierno, c) Coordinación General de Gabinete, d) Oficialía Mayor de Gobierno; e) Secretaría de Desarrollo Económico, f) Dirección de Control, Evaluación Gubernamental; y g) Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que tendrá a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Comité. El Comité de Proyectos podrá sesionar con la presencia de más de la mitad de sus integrantes, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, haciéndose constar en el acta respectiva la votación correspondiente. A las sesiones del Comité deberá asistir un representante de la Entidad contratante, quien tendrá voz pero no voto, salvo que sea integrante del Comité. Las funciones de la Secretaría Ejecutiva serán las que el Comité le encomiende. II. El Ejecutivo del Estado podrá crear una Unidad Técnica de Inversión que funja como órgano de asesoría, análisis, apoyo, soporte y promoción del Comité de Proyectos. Las funciones y facultades de dicha Unidad Técnica de Inversión se determinarían en el Reglamento, así como en el acuerdo de creación de la Unidad indicada. III. Cualquiera de los Municipios podrá implementar por sí mismo o en forma conjunta con otras entidades proyectos de Asociación Público Privada. En cada caso y como parte del proceso para determinar la viabilidad del proyecto, el Municipio deberá obtener un dictamen técnico de procedencia por parte del Comité Estatal de Proyectos. El Municipio respectivo, deberá integrar un órgano colegiado en términos equivalentes al Comité de Proyectos previsto en este artículo, y sus atribuciones serán similares a las de éste y funcionará según se establezca en las reglas que para tal efecto emita el Ayuntamiento, en términos de la normatividad que resulte aplicable. 68 IV. Cada Municipio creará su propio Reglamento Municipal de Asociaciones Público Privadas para la implementación de proyectos bajo este esquema. El Municipio deberá establecer y desarrollar en su reglamento los aspectos que se mencionan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: a) Las Autoridades responsables de aplicar las disposiciones en la materia; b) Que sus proyectos de Asociación Público Privada se ajustarán a lo dispuesto por esta Ley, en lo que resulte aplicable y que deberán de ser Proyectos consistentes y congruentes con el Plan Municipal y el Plan Estatal de Desarrollo, según lo previsto en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California. c) Contenido de las Propuestas del Proyecto de Asociación Público Privada; Reglas y excepciones aplicables a los Concursos; lo relativo a la adquisición de bienes para el proyecto; derechos y obligaciones de las entidades Privadas; Modificaciones y Terminación del proyecto; Supervisión del Proyecto; y medios para Solución de Controversias derivadas de estos Proyectos. d) Las personas que no podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público privada. Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria: I. El Código de Comercio; II. El Código Civil para el Estado de Baja California; III. La Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, y IV. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Artículo 9. Los esquemas de asociación público privada regulados en la presente Ley son opcionales, y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios correspondientes, salvo en aquellos casos previstos en la legislación aplicable. Artículo 10. Las Dependencias y Entidades deberán publicar en el Portal de Compras del Gobierno del Estado e-Compr@sBC, por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público privada estatales, así como de los proyectos no solicitados que reciban las dependencias 69 y entidades de la Administración Pública Estatal. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación. La información en el Portal e-Compr@sBC, deberá contener los datos necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través del esquema de asociaciones público privada, y que permitan realizar análisis sobre la viabilidad del proyecto. Además, contendrá información para identificar los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Este sistema establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información. Artículo 11. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Asociación público privada: Cualquier esquema de los descritos en los artículos 2 y 3 de esta Ley; II. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de asociación público privada; II. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de asociación público privada; IV. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto de asociación público privada; V. e-Compr@sBC: El Portal o sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Baja California, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que lleva la Oficialía Mayor de Gobierno, así 70 como el sistema electrónico de información o portal que en el futuro lo llegase a sustituir; VI. Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público privada; VII. Contraloría: La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental; VIII. Convocante: Dependencia o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada; IX. Dependencias: Las dependencias centralizadas de la Administración Pública del Estado de Baja California; X. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto social exclusivo para desarrollar un determinado proyecto de asociación público privada, con quien el Ejecutivo del Estado o una dependencia o entidad celebre el contrato respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto; XI. Ente Contratante: Las dependencias, personas y entidades de carácter público señalados en esta Ley; XII. Entidades: Las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California; XIII. Comité de Proyectos: El Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas; XIV. Ley: La Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California; XV. Municipios: Los Municipios del Estado de Baja California y sus entes públicos; XVI. Nivel de desempeño: Conjunto de especificaciones y parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en la prestación de un servicio, o en la construcción y ejecución de la infraestructura, que se realicen bajo el esquema de asociación público privada; XVII. Oficialía: Oficialía Mayor del Estado de Baja California; XVIII. Promotor: Persona que promueve, ante una instancia del sector público, un proyecto de asociación público privada; XIX. Productos o mercancías regionales: Son los bienes y servicios producidos, 71 manufacturados, desarrollados o transformados por fabricantes o productores regionales; XX. Distribuidor regional: Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el Proyecto respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado; XXI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley; XXII. Secretaría: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California; y XXIII. SIDUE: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Para efectos de esta Ley, los términos de las definiciones anteriores que se utilicen indistintamente en plural o singular se entenderán que se refieren a las mismas definiciones de este artículo. CAPÍTULO II. DE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LA PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS Artículo 12. Para realizar proyectos de asociación público privada se requiere: I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones del ente público contratante, por un lado, y los del o los desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro; y II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos. Artículo 13. Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público privada, el Ente Contratante deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes: I. La descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo; II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias; IV. La viabilidad jurídica del proyecto; 72 V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, la afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, así como su viabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridades competentes. Este primer análisis o estudio preliminar será distinto a la manifestación de impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables; VI. La rentabilidad social del proyecto; VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, tanto estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales; VIII. Que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales, sobre aquellos que no cumplan con dicha característica; IX. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y X. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones. La información anterior deberá ser publicada en internet y ser presentada por el Ente Contratante para aprobación ante el Comité de Proyectos. La Secretaría coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con la información relativa a los proyectos de asociación público privada, previstos en las fracciones I a la IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la información siguiente: a) Nombre del proyecto; b) Número de licitación y/o registro del sistema electrónico de información pública gubernamental e-Compr@sBC; c) Nombre del convocante; d) Nombre del desarrollador; e) Plazo del contrato de asociación público privada; f) Monto total del proyecto; 73 g) Monto de los pagos programados y ejecutados durante el ciclo de vida del proyecto; h) Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento; i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción X del presente artículo; y j) Otra información que la Secretaría considere relevante. La información a que hace referencia el presente artículo será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y demás disposiciones aplicables. Artículo 14. En los estudios previos para preparar los proyectos de asociación público privada, las dependencias y entidades considerarán: I. Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables. II. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, así como en su caso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás autoridades federales, estatales y municipales que tengan atribuciones en la materia; III. El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal; IV. El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal; y V. En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo estatal, la congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial que corresponda. 74 Artículo 15. El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto, mencionado en la fracción II del artículo 13 de esta Ley, deberá referirse a los aspectos siguientes: I. Información del o de los registros públicos de la propiedad de ubicación de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa a la titularidad, gravámenes y anotaciones marginales de tales inmuebles; II. Factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su caso, los demás bienes y derechos de que se trate; III. Estimación preliminar por la dependencia o entidad interesada, sobre el posible valor de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para desarrollar el proyecto; IV. Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y problemática de los inmuebles de que se trate; y V. Una relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y otros bienes que resultarían afectados y el costo estimado de tales afectaciones. Artículo 16. Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante esquemas de asociación público privada conforme a lo dispuesto en la fracción X del artículo 13 de esta Ley, el Ente Contratante aplicará los lineamientos que al efecto determine el Comité de Proyectos. La evaluación deberá incorporar un análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento. Artículo 17. El Reglamento señalará el contenido y demás alcances de los estudios a que se refiere el artículo 13 de esta Ley. Artículo 18. Los proyectos de asociación público privada serán preferentemente integrales, pero, cuando así resulte conveniente y necesario, podrán concursarse por etapas, si ello permite un avance más ordenado en su implementación. Artículo 19. Las dependencias y entidades podrán contratar la realización de los trabajos previstos en el artículo 13 de esta Ley, cualesquiera otros estudios, y el propio proyecto ejecutivo, necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada, así como servicios para la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos, igualmente necesarios para tales proyectos. La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se sujetará a lo 75 previsto en las disposiciones legales vigentes en el Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios o en obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, según sea el caso. El Ente Contratante podrá optar por celebrar los contratos citados a través de invitación a cuando menos tres personas, o mediante adjudicación directa, en adición a los supuestos previstos en las citadas disposiciones legales del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios o en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, según corresponda. No será necesaria la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y el Ente Contratante, siempre que el monto de los honorarios pactados no exceda del equivalente al cuatro por ciento del costo total estimado del proyecto. SECCIÓN II. INICIO DE LOS PROYECTOS Artículo 20. Con base en los análisis mencionados en el artículo 13, el Comité de Proyectos decidirá si el proyecto es o no viable y, de serlo, procederá a su implementación y desarrollo, para los efectos del artículo 23 de esta Ley. Artículo 21. Las dependencias y entidades darán prioridad a los proyectos a desarrollarse mediante esquemas de asociación público privada, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos de las disposiciones de protección ambiental, asentamientos humanos, desarrollo urbano, construcción, uso de suelo y demás que resulten aplicables, en el ámbito estatal. En relación con las autorizaciones estatales previas necesarias para iniciar la ejecución de un proyecto de asociación público privada, si la autoridad competente no contesta en un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida. En caso de autorizaciones previstas en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, el plazo será el previsto en la propia Ley. Tratándose de la autorización en materia de impacto ambiental, la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, notificará al Ente Contratante o desarrollador las condicionantes a que se sujetará la realización del proyecto, dentro de los diez días hábiles siguientes a que haya vencido el plazo de resolución señalado en la ley de la materia. Para que opere la afirmativa ficta señalada en este artículo, al solicitar cada una de las autorizaciones respectivas, los promoventes deberán señalar que la autorización se refiere específicamente a un proyecto de asociación público privada. 76 Artículo 22. Para iniciar el desarrollo de un proyecto de asociación público privada, las dependencias y entidades deberán contar con los análisis mencionados en el artículo 13 anterior, totalmente terminados, sin que requieran cumplir algún otro requisito distinto a los previstos en la sección primera del presente capítulo. SECCIÓN III. OTRAS NORMAS SOBRE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS Artículo 23. El gasto público estatal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en esta Ley, se ajustará a las disposiciones legales aplicables en el Estado. Para tal efecto, la Secretaría con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación del Gobierno Estatal, elaborará una estimación preliminar de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos. Los proyectos de asociación público privada que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y autorizados por el Comité de Proyectos a fin de determinar su orden de ejecución, considerando, en el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo estatal, la congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial, de acuerdo a lo determinado por la dependencia o entidad correspondiente conforme al artículo 14, fracción V de esta Ley. Artículo 24. Cuando por las condiciones especiales del proyecto se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación, programación y presupuestación en su conjunto. CAPÍTULO III. DE LOS PROYECTOS NO SOLICITADOS Artículo 25. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal competente. 77 Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado y en su página en Internet, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de los proyectos que estén dispuestos a recibir. En estos casos, sólo se analizarán los proyectos que atiendan los elementos citados. Artículo 26. Sólo se analizarán los proyectos no solicitados de proyectos de asociación pública privada que cumplan con los requisitos siguientes: I. Se presenten acompañados con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes: a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas; b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos; c) La viabilidad jurídica del proyecto; d) La rentabilidad social del proyecto; e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto; f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y g) Las características esenciales del contrato de asociación público privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector. II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 25 de la presente Ley; y III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos. El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales. 78 Si el proyecto no solicitado incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran incompletos, la propuesta no será analizada. Artículo 27. La dependencia o entidad competente que reciba el proyecto no solicitado contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, cuando la dependencia o entidad así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto. Artículo 28. En el análisis de los proyectos no solicitados, se podrá requerir por escrito al interesado aclaraciones o información adicional, o podrá la dependencia o entidad competente realizar los estudios complementarios. Asimismo, podrá compartir el proyecto con otras dependencias o entidades del sector público federal, o invitar a estas y otras instancias del ámbito estatal y municipal a participar en el proyecto. Para la evaluación del proyecto no solicitado deberán considerarse, entre otros aspectos, que se refiera a un proyecto de interés público y rentabilidad social congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales y regionales que, en su caso, correspondan. Artículo 29. Transcurrido el plazo para evaluación del proyecto no solicitado y, en su caso, su prórroga, la dependencia o entidad emitirá la opinión de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del concurso, o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados. La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la dependencia o entidad y en e-Compr@sBC, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 30. Si el proyecto es procedente, y el Comité de Proyectos lo autoriza y el Ente Contratante decide celebrar el concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones siguientes: I. La dependencia o entidad convocante entregará al promotor del proyecto un certificado en el que se indicará el nombre del beneficiario, monto, plazo y demás condiciones para el reembolso de los gastos incurridos por los estudios realizados, para el evento de que el promotor no resulte ganador o no participe en el concurso. Este reembolso será con cargo al adjudicatario del contrato, en los términos que se indiquen en las bases del concurso. II. Contra la entrega de este certificado, el Ente Contratante adquirirá el uso completo de los derechos relativos a los estudios presentados; 79 III. El promotor suscribirá declaración unilateral de voluntad, irrevocable, en la que se obligue a: a) Otorgar sin limitación alguna toda la información relativa al proyecto, que le sea solicitada por cualquier postor en el concurso, incluyendo hojas de trabajo y demás documentos conceptuales o proyectos alternos; y b) Ceder, en caso de que se adjudique el contrato de asociación pública privada a una persona distinta al promotor, los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos de autor y propiedad industrial, así como cualquier otra para que el proyecto pueda desarrollarse en el evento de que el ganador del concurso sea distinto al mismo promotor. En caso de que el concurso se declare desierto o la dependencia decida su cancelación definitiva, el promotor continuará teniendo los derechos sobre el proyecto en los términos originalmente presentados; IV. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 19 de esta Ley, evaluación de los proyectos o la realización de estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso; V. La convocatoria al concurso se realizará hasta que se hayan cumplido todos los requisitos de la sección primera del capítulo segundo de esta Ley y de las fracciones I y II del presente artículo. VI. Si el concurso no se convoca por causa imputable al promotor, responderá de los daños y perjuicios que se causen en términos de la legislación civil. Incluso si el proyecto se concursa, se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad en los términos que determine el reglamento; VII. El promotor que presentó el proyecto no solicitado con base en el cual se realiza el concurso, tendrá un premio en la evaluación de su oferta, que se establecerá en las bases y que no podrá exceder del equivalente a un diez por ciento en relación con los criterios señalados para adjudicar el contrato. El Reglamento establecerá métodos y procedimientos para calcular este premio; VIII. En el evento de que en el concurso sólo participe el promotor, podrá adjudicársele el contrato, siempre que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos previstos en las bases del citado concurso, y IX. En caso de que se declare desierto el concurso y que la dependencia o entidad convocante decida no adquirir los derechos sobre los estudios presentados, se procederá a cancelar el certificado a que se refiere la fracción I del presente artículo, y a devolver al promotor los estudios que éste haya presentado. Artículo 31. Si el proyecto se considera procedente, pero la dependencia o 80 entidad decide no celebrar el concurso, podrá ofrecer al promotor adquirir los estudios realizados, junto con los derechos de autor y de propiedad industrial correspondientes, mediante un precio que deberá señalar el promotor en la entrega del proyecto no solicitado, mismo que no podrá exceder del reembolso de todo o parte de los costos incurridos y un monto por utilidad que no podrá exceder del diez por ciento (10%) del monto de los gastos. El ofrecimiento se hará por escrito, debidamente motivado y justificado, debiendo expresar la congruencia del proyecto con el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los programas que de éste derivan. Tal facultad la tendrá el titular de la dependencia y no será delegable. Artículo 32. En los supuestos de los artículos 30, fracción I y 31 de esta Ley, el promotor deberá justificar los gastos realizados y su monto. El monto a reembolsar será determinado por un tercero acordado por ambas partes, contratado específicamente para ello y previo el respectivo estudio de mercado. Artículo 33. Si el proyecto no es procedente, por no ser de interés público, por razones presupuestarias o por cualquier otra razón, la dependencia o entidad así lo comunicará al promotor. En todo caso, el promotor estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 34. Cuando se presenten dos o más propuestas en relación con un mismo proyecto y más de una se consideren viables, la dependencia o entidad resolverá en favor de la que represente mayores beneficios esperados y, en igualdad de condiciones, en favor de la primera presentada así como la que represente un menor valor de gastos reembolsables así como la utilidad esperada en su caso. Artículo 35. La presentación de propuestas sólo da derecho al promotor a que la dependencia o entidad las analice y evalúe. La opinión de viabilidad por la cual un proyecto se considere o no procedente, no representará un acto administrativo de autoridad y contra ella no procederá instancia ni medio de defensa alguno. Artículo 36. En caso de que durante el plazo de evaluación, el interesado no proporcione la información solicitada sin causa justificada o bien, promueva el proyecto con alguna otra entidad o de alguna otra manera, o ceda su propuesta a terceros, se dará por concluido el trámite y el interesado perderá en favor del Ejecutivo Estatal todos sus derechos sobre los estudios presentados, incluso si el proyecto se concursa, previa garantía de audiencia. CAPÍTULO IV. DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LOS CONCURSOS Artículo 37. La dependencia o entidad que pretenda el desarrollo de un proyecto 81 de asociación público privada convocará a concurso, ya sea directamente si tiene facultades para ello, o por medio de Oficialía Mayor o de la SIDUE, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, atendiendo sin excepción a las particularidades del artículo 30 de esta Ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes. En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. El Ente Contratante podrá contratar los servicios de un agente para que, por cuenta y orden de aquéllas, lleve a cabo las acciones materiales que permitan la celebración del concurso de un proyecto de asociación público privada. Para estas contrataciones, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley. En todo caso, los servidores públicos siempre serán responsables del cumplimiento de las bases del concurso. Artículo 38. Para la realización de la convocatoria correspondiente siempre se requerirá la autorización del Comité de Proyectos y la aprobación presupuestaria de la Secretaría. Artículo 39. En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas, se encuentren certificadas por tercero especializado de reconocida experiencia que la convocante contrate. Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento establezca. Artículo 40. En los concursos podrá participar toda persona, física o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el artículo 41 de la presente Ley. En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral en términos del artículo 80 de esta Ley. Dos o más personas podrán presentar, una propuesta conjunta, en forma de consorcio, en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar 82 ganadores, una o más personas morales, en los términos del artículo 86 de esta Ley, así como designar a un representante común para participar en el concurso, mismo que deberá representar a todas las partes en forma inequívoca. Artículo 41. No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público privada, las personas siguientes: I. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; II. Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento de contratos celebrados con dependencias o entidades federales, estatales o municipales; III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna dependencia o entidad estatal les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario inmediato anterior a la convocatoria; IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con dependencias o entidades estatales; V. Las que se encuentren inhabilitadas en los términos de las disposiciones legales en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil, y VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley, incluyendo aquellas que hayan sido inhabilitadas y/o sancionadas por efectos de leyes estatales. 83 Artículo 42. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso y estarán obligados a cumplir las disposiciones relativas a la protección de la información considerada como confidencial o reservada conforme a la ley de la materia. El Reglamento establecerá los procedimientos para garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los concursos a que se refiere este capítulo. SECCIÓN II. DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LOS CONCURSOS Artículo 43. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes: I. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y de un proyecto de asociación público privada; II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en su caso, de la infraestructura a construir; III. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra; y IV. Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso. La publicación de la convocatoria se realizará a través del Portal o página de difusión electrónica -Internet- de la dependencia o entidad convocante, en el Periódico Oficial del Estado, en e-Compr@sBC, en un diario de circulación en el Estado y en la zona en donde se vaya a desarrollar el proyecto. En proyectos conjuntos con otras entidades federativas y municipios, también deberán publicarse en los medios de difusión oficiales de cada uno de éstos. La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso. Artículo 44. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes: I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus 84 propuestas, que comprenderán, por lo menos; a) Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de desempeño de los servicios a prestar; y b) En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y ejecución de las obras de infraestructura de que se trate. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de eCompr@sBC, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale la convocante. II. La descripción de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención; II. El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra; IV. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse; V. El proyecto del contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como una tabla con la clara distribución de riesgos del proyecto conforme al primero; VI. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del proyecto de asociación público privada que corresponda otorgar a la convocante; VII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto; VIII. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 89 de esta Ley, si participa una persona distinta a las mencionadas en el citado artículo; IX. Las garantías que los participantes deban otorgar; X. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos; XI. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación 85 de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato; XII. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán presentarse; XIII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse; XIV. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas; XV. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en los artículos 51 y 53 de esta Ley. En estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto en los tratados internacionales; XVI. Las causas expresas de descalificación de las propuestas presentadas; y, XVII. Los demás elementos generales, estrictamente indispensables, que el Reglamento establezca, para que los concursos cumplan con los principios mencionados en el artículo 37 de esta Ley. Artículo 45. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación, salvo lo dispuesto en el Capítulo Octavo de la presente Ley. Artículo 46. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los participantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar. Artículo 47. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice, deberán ajustarse a lo siguiente: I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de los actos del concurso; y, II. No deberán implicar o generar limitación en el número de participantes en el concurso. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día 86 hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse. Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas. SECCIÓN III. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Artículo 48. Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas, la convocante podrá efectuar un proceso de precalificación conforme al reglamento. De la misma forma, podrá realizar un registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica. Artículo 49. Los concursos tendrán uno o más eventos de consultas y aclaraciones, en los que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas, deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas que no podrá ser menor a 10 días hábiles. De ser necesario, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse, si el caso lo justifica plenamente. Artículo 50. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública. En cada concurso, los concursantes sólo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a las concursantes aclaraciones o información adicional, en términos del artículo 52 de esta Ley. Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad. La manifestación falsa será sancionada 87 en términos de la presente Ley. SECCIÓN IV. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO Artículo 51. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos suficientes para desarrollar el proyecto. Los criterios establecidos en las propias bases, deberán ser siempre claros y detallados, y permitir una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno. En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes o criterios de costo-beneficio bajo las reglas señaladas en el Reglamento, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas. No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento. La inobservancia de dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas o corregir los errores que no sean aritméticos o de cálculo. Artículo 52. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el Reglamento, siempre atendiendo a los principios de transparencia e igualdad. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambios o modificaciones de la propuesta originalmente presentada, ni vulnerar los principios señalados en el artículo 37 de esta Ley. Artículo 53. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento. Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores condiciones económicas para el Estado, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso. 88 Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos del país, como la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate. En caso de un concurso con base en un proyecto de los previstos en el Capítulo Tercero de esta Ley, se estará a lo previsto en el artículo 34 del citado capítulo. La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable para la dependencia o entidad convocante. Artículo 54. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado. El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables. El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará en la página de difusión electrónica -Internet- de la convocante así como en e-Compr@sBC, dentro del plazo previsto en las bases del concurso. Artículo 55. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o cualquier otro tangencial que no afecte la esencia o el resultado de la evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los concursantes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo. Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la corrección -debidamente motivada- deberá autorizarla el titular de la convocante con vista a la SIDUE y a la Contraloría. Artículo 56. Será causa de descalificación, además de las que se indiquen en las bases, la actualización de cualquiera de las siguientes: I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las salvedades señaladas en el artículo 51 de esta Ley; II. Las que hayan utilizado información privilegiada que le haya dado una ventaja competitiva frente a los demás concursantes; 89 III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el artículo 41 de esta Ley, o en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; y, IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja indebida sobre los demás participantes. Artículo 57. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus ofertas económicas no fueren aceptables. La convocante podrá cancelar un concurso: I. Por caso fortuito o fuerza mayor; II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto; III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo; o, IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a los licitantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento. Artículo 58. Contra el fallo que adjudique el concurso solamente procederá el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. El juicio será de una sola instancia, de tramitación sumaria y preferente, y se sustanciaría directamente ante el Pleno del Tribunal. En este juicio no procederá la suspensión del acto reclamado. Contra las demás resoluciones de la convocante emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno. Las violaciones cometidas durante el procedimiento deberán plantearse en la demanda de Nulidad. SECCIÓN V. DE LOS ACTOS POSTERIORES AL FALLO Artículo 59. La formalización del contrato de asociación público privada se efectuará en los plazos que las bases de concurso señalen. 90 En el evento de que el contrato no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso. Artículo 60. Las propuestas desechadas durante el concurso deberán ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento. Artículo 61. Los medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, mediante los cuales se pretenda impugnar actos diferentes y posteriores al fallo, solamente suspenderán el concurso o la obra, o el servicio en curso, cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando: a) El proyecto involucre la prestación de un servicio público de necesidad inminente; o, b) Se ponga en riesgo la rentabilidad social del proyecto o su ejecución misma. III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga garantía suficiente sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere ocasionar. Dicha garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la contratación de que se trate. Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución final favorezca al recurrente, éste solamente tendrá derecho al pago de los daños y perjuicios causados. Artículo 62. Si realizado el concurso la dependencia o entidad convocante decide 91 no firmar el contrato respectivo, cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos y efectuará los pagos a que el presente artículo hace referencia. SECCIÓN VI DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO Artículo 63. Las dependencias y entidades facultadas para convocar a concurso, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación público privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien, que en el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos; II. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad, o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad estatal; III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables; IV. Ocurran desastres naturales o situaciones de fuerza mayor que hagan apremiante la necesidad de desarrollo de infraestructura o equipamiento; V. Se haya rescindido un proyecto adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse al concursante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con la propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de concursos con puntos y porcentajes para la evaluación, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador; VI. Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada o rescisión de un proyecto de asociación público privada en marcha; y, 92 VII. Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional. La adjudicación de los proyectos a que se refiere este artículo se realizará preferentemente a través de invitación a cuando menos tres personas, salvo que las circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante adjudicación directa. No procederá la adjudicación directa tratándose de proyectos no solicitados a que se refiere el Capítulo Tercero de la presente Ley. Artículo 64. El dictamen de que la adjudicación se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 63 anterior, de la procedencia de la contratación y, en su caso, de las circunstancias particulares que ameriten una adjudicación directa, será responsabilidad del Titular del Ente Contratante que pretenda el desarrollo del proyecto de asociación público privada. Artículo 65. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa deberá realizarse conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. A estos procedimientos les serán aplicables lo dispuesto en los artículos 38, 39, y 41 de la presente Ley. En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones. CAPÍTULO V. DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS DE LA MANERA DE ADQUIRIR LOS BIENES, DEL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN, Y DE LA EXPROPIACIÓN Artículo 66. La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada podrá recaer en la convocante, en el desarrollador o en ambos, según se señale en las bases del concurso y se convenga en el contrato respectivo tomando en cuenta la distribución de riesgos que el caso amerita. En todo caso, las bases siempre deberán considerar los montos necesarios para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas 93 indebidas a los desarrolladores que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles destinados a la ejecución del proyecto. Artículo 67. La adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada se hará a través de la vía convencional o mediante expropiación. Artículo 68. Para proceder a la adquisición a través de la vía convencional de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto de asociación público privada, se solicitará avalúo de los mismos a la Comisión Estatal de Avalúos. La dependencia podrá efectuarlos directamente o encargarlos con un tercero independiente cuando así lo juzgue conveniente en razón del tipo de bien que se trate. Artículo 69. El avalúo podrá encomendarse a un tercero, en casos de urgencia, o bien cuando por las características especiales del bien, la Comisión Estatal de Avalúos no cuente con los recursos humanos o materiales para obtenerlo. El tercero deberá contar con título debidamente registrado, ser de reconocida reputación y tener al menos cinco años de experiencia en materia de valuación. Artículo 70. El Ente Contratante podrá cubrir, contra la posesión del inmueble, bien o derecho, anticipos hasta por el equivalente a un cincuenta por ciento del precio acordado. Asimismo, una vez en posesión, la dependencia o entidad podrá cubrir anticipos adicionales con cargo al precio pactado, para pagar por cuenta del enajenante los costos derivados de la enajenación. Artículo 71. En el evento de varias negociaciones con distintas contrapartes en relación con un mismo inmueble, bien o derecho, los montos que se cubran por la vía convencional no podrán exceder, en su conjunto, del importe determinado en términos del artículo 68 de esta Ley para el mismo inmueble, bien o derecho de que se trate. Artículo 72. El Ente contratante llevará un expediente de las negociaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y documentos relativos a las mismas que el Reglamento señale. Artículo 73. Quienes enajenen los inmuebles, bienes y derechos conforme a los procedimientos de negociación a que el presente capítulo se refiere, quedarán obligados al saneamiento para el caso de evicción, independientemente de que se señale o no en los documentos correspondientes. Artículo 74. Si las negociaciones se realizan por el particular desarrollador del proyecto, se estará a la libre voluntad de las partes y no resultarán aplicables los 94 artículos del presente capítulo. En estos supuestos, para efectos de cómputo de los montos de inversión en el proyecto de que se trata, se estará a los términos y condiciones pactados en el contrato de asociación público privada, con independencia de las sumas que el desarrollador pague por las adquisiciones que realice. Artículo 75. La expropiación se realizará en los términos de la legislación aplicable, en todo lo que no se oponga a esta Ley. CAPÍTULO VI. DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS SECCIÓN I. DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 76. Cuando en un proyecto de asociación público privada, para el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios por parte del o de los desarrolladores, se requieran de permisos, concesiones u otras autorizaciones, éstos se otorgarán conforme a las disposiciones que los regulen; en tanto que su vigencia, se sujetará a lo siguiente: a) Cuando el plazo inicial máximo que establezca la ley que regula la autorización sea menor o igual al plazo de cuarenta años, aplicará éste último; b) Cuando la ley que rige la autorización establezca un plazo inicial máximo mayor al de cuarenta años, aplicará el plazo mayor; y, c) Independientemente del plazo inicial por el que se otorgue la autorización, su duración, con las prórrogas que en su caso se otorguen conforme a la ley de la materia, no podrá exceder el plazo máximo señalado por dicha ley. Artículo 77. Las autorizaciones antes citadas que, en su caso, sea necesario otorgar, contendrán únicamente las condiciones mínimas indispensables que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan al desarrollador el uso de los bienes o la prestación de los servicios del proyecto. Los demás términos y condiciones que regulen la relación del desarrollador con la dependencia o entidad serán objeto del contrato a que se refiere la sección segunda inmediata siguiente. Artículo 78. Los derechos de los desarrolladores, derivados de las autorizaciones para la prestación de los servicios, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en garantía o afecten los derechos del 95 contrato correspondiente y previa autorización de la dependencia o entidad que los haya otorgado. Artículo 79. Cuando el contrato de asociación público privada se modifique, deberán revisarse las autorizaciones para la prestación de los servicios y, en su caso, realizarse los ajustes pertinentes. SECCIÓN II. DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Artículo 80. El contrato de asociación público privada sólo podrá celebrarse con personas morales o fideicomisos cuyo objeto social o fines sean, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo, incluyendo en forma optativa la participación en el concurso correspondiente. Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberán cumplir, mismas que deberán atender los estándares aceptables en el mercado, validados por una firma de auditoría independiente. Artículo 81. El contrato de asociación público privada deberá contener, como mínimo: I. Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes; II. Personalidad de los representantes legales de las partes; III. El objeto del contrato; IV. Los derechos y obligaciones de las partes; V. Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios; VI. La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 116 de esta Ley y la obligación de mantener dicha relación actualizada; VII. El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones a favor del desarrollador; VIII. La mención de que los inmuebles, bienes y derechos del proyecto sólo podrán ser afectados en términos del artículo 82 de esta Ley; IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, 96 la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante; X. El régimen de distribución de riesgos, técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes, que en todo caso deberá ser equilibrado. El Ente Contratante no podrá garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta ley y su reglamento; XI. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, así como el plazo de vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos; XII. La indicación de las autorizaciones mínimas para el desarrollo del proyecto; XIII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo; XIV. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes; XV. Los procedimientos de solución de controversias; y, XVI. Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca. Para efectos de la presente Ley, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condiciones de las bases del concurso y los señalados en las juntas de aclaraciones. Artículo 82. El contrato de asociación público privada tendrá por objeto: I. La prestación de los servicios que el proyecto implique; y, II. En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios citados como presupuesto para el desarrollo de lo establecido en la fracción anterior. Artículo 83. El desarrollador tendrá, los siguientes derechos, sin perjuicio de los que establezcan las demás disposiciones aplicables: I. Recibir las contraprestaciones por el desarrollo del proyecto, previstas en el régimen financiero del contrato; 97 II. Solicitar prórroga de los plazos del contrato, cuando éstos se hayan demorado por causas imputables a la dependencia o entidad contratante; y, III. Recibir las indemnizaciones previstas en el contrato, por los daños originados por las demoras mencionadas en la fracción inmediata anterior. Artículo 84. El desarrollador tendrá, por lo menos, las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan las demás disposiciones aplicables: I. Prestar los servicios contratados, con los niveles de desempeño convenidos; II. En su caso, ejecutar la obra de infraestructura requerida para la prestación de los servicios objeto del contrato; III. Cumplir con las instrucciones de la dependencia o entidad contratante, cuando se expidan con fundamento legal o de acuerdo a las estipulaciones del contrato, siempre y cuando estén vinculadas con este último; IV. Contratar los seguros y asumir los riesgos establecidos en el contrato; V. Proporcionar la información financiera y de cualquier otra naturaleza que solicite la dependencia o entidad contratante y cualquier otra autoridad competente; VI. Permitir y facilitar la supervisión y auditorías conforme a las disposiciones aplicables y al contrato; VII. Guardar confidencialidad respecto de la información y documentos relativos al proyecto, en el alcance y plazos señalados en el contrato; y, VIII. Cumplir con el régimen de comunicación social pactado en el contrato. Artículo 85. El desarrollador será responsable de aportar los recursos para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios. En los términos y condiciones establecidos en las bases del concurso, el Ente Contratante podrá aportar, en bienes, derechos, numerario o cualquier otra forma, recursos para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios. Estas aportaciones no darán el carácter público a la instancia que los reciba. El Ejecutivo del Estado entregará al Congreso del Estado de manera conjunta con el proyecto de Presupuesto de Egresos, un informe anual consolidado que especificará la información financiera relativa a los proyectos de Asociación Público Privada aprobados y contratados. El contenido de este informe se determinará en el Reglamento. 98 En el Presupuesto de Egresos del Estado se incluirá anualmente las partidas necesarias para el pago de las contraprestaciones resultantes de los que se hayan aprobado y celebrado en los términos de esta Ley. El Congreso del Estado aprobará dichas partidas durante todos los años en los que se encuentren vigentes los Contratos de Asociación Público Privada. Los pagos que deban realizarse resultantes de dichos Contratos se considerarán por el Ente Contratante preferentes respecto de otro tipo de compromisos de gasto corriente. Artículo 86. Los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, no podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera afectarse, sin previa autorización expresa y por escrito de la dependencia o entidad contratante, la cual no podrá negarse salvo por causa justificada. Lo anterior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, conforme a las disposiciones aplicables, corresponda a otras dependencias o entidades competentes. Artículo 87. Los plazos de los contratos, con sus prórrogas, no deberán exceder, en su conjunto, de cuarenta años salvo lo dispuesto por el artículo 76, fracción II, de la presente Ley. Artículo 88. Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el costo de éstas, en su conjunto, no deberá exceder: I. Durante la construcción de la infraestructura de que se trate, del equivalente al quince por ciento del valor de las obras; y, II. Durante la prestación de los servicios, del equivalente al diez por ciento de la contraprestación anual por los servicios mismos. El Reglamento establecerá los lineamientos y forma de cálculo de los importes citados. En las garantías citadas se incluirán aquéllas previstas en las leyes que regulen las autorizaciones para el desarrollo del proyecto de asociación público privada de que se trate. Artículo 89. En caso de que así lo permita la rentabilidad del proyecto y según se haya establecido en las bases del concurso y en el contrato respectivo, la dependencia o entidad contratante podrá exigir al desarrollador, con independencia de lo que señalen otras disposiciones aplicables, alguna o algunas 99 de las prestaciones siguientes: I. El reembolso del valor de los inmuebles, bienes y derechos aportados por dependencias o entidades del sector público, utilizados en el proyecto; II. El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros en la forma y términos que se establezcan en las bases del concurso o en el contrato; III. El pago de derechos por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios, previstos en las disposiciones legales aplicables; o. IV. Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato. Los seguros que la sociedad desarrolladora deberá contratar y mantener vigentes cubrirán, por lo menos, los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al servicio, así como los de responsabilidad civil. Para estos efectos, la sociedad desarrolladora contratará con empresa especializada, previamente aprobada por la dependencia o entidad contratante, la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros. Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las características y alcances de tales seguros. Artículo 90. La subcontratación de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios sólo podrá realizarse en los términos y condiciones establecidos en las bases y expresamente pactados por las partes y previa autorización del Ente Contratante. En todo caso, el desarrollador será el único responsable ante el Ente Contratante del cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato. Artículo 91. Los derechos del desarrollador, derivados del contrato de asociación público privada, podrán darse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el propio contrato señale y previa autorización del Ente Contratante. De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones representativas del capital social del desarrollador, de conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables y previa autorización del Ente Contratante. Artículo 92. El desarrollador podrá ceder los derechos del contrato, total o parcialmente, previa autorización del ente contratante. 100 Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y condiciones previstos en el propio contrato. CAPÍTULO VII. DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Artículo 93. En los proyectos de asociación público privada, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios con los niveles de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación -menores y mayores-, de la infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios. Artículo 94. La construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura de un proyecto de asociación público privada deberán realizarse conforme al programa, características y especificaciones técnicas pactadas en el contrato correspondiente, así como observar las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, desarrollo urbano y demás aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal. Las obras y servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones en un proyecto de asociación público privada no estarán sujetas a las disposiciones legales en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, ni a las relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado. SECCIÓN II. DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 95. El desarrollador deberá prestar los servicios de manera continua, uniforme y regular, en condiciones que impidan cualquier trato discriminatorio, con los niveles de desempeño pactados, en los términos y condiciones previstos en el contrato, autorizaciones para la prestación de los servicios, así como en las disposiciones aplicables. Artículo 96. La prestación de los servicios comenzará previa autorización del Ente Contratante. No procederá la autorización antes citada sin la previa verificación técnica de que las instalaciones, cumplen las condiciones de seguridad según las especificaciones del proyecto y las requeridas por las disposiciones aplicables. 101 SECCIÓN III. DISPOSICIONES COMUNES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Artículo 97. Salvo por las particularidades determinadas por el Ente Contratante en el contrato o las modificaciones a que se refiere el artículo 108 de esta Ley, y en los demás supuestos expresamente previstos en el contrato respectivo, los riesgos de operación, prestación de los servicios y, en su caso, de construcción de la infraestructura y financiamiento del proyecto, serán asumidos por el desarrollador. Artículo 98. Las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones para la realización de actividades complementarias, comerciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios de los servicios, y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento diferenciado del servicio principal. En su caso, las características, términos y condiciones para ejecutar y utilizar estas instalaciones deberán preverse expresamente en el respectivo contrato de asociación público privada con el mayor detalle posible. Artículo 99. Si los derechos derivados del contrato de asociación público privada y, en su caso, de las autorizaciones para la prestación de los servicios, o bien los inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura o destinados a la prestación de servicios, no considerados públicos, fueron dados en garantía o afectados de cualquier manera, y dichas garantías o afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo tendrán derecho a los flujos generados por el proyecto, después de deducir los gastos y gravámenes fiscales de los mismos. Los titulares de las garantías o afectaciones podrán contratar, por su cuenta y previa autorización del Ente Contratante, a un supervisor de la ejecución de la obra o prestación de los servicios. Los titulares de las garantías o afectaciones no podrán oponerse a medida alguna que resulte necesaria para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio. Lo dispuesto en los dos párrafos inmediatos anteriores deberá incluirse en los títulos de las autorizaciones para la prestación de los servicios, así como en el contrato del proyecto. Artículo 100. En caso de concurso mercantil del desarrollador, la autoridad que conozca del mismo, con apoyo del Ente Contratante, dispondrá las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la 102 prestación del servicio. SECCIÓN IV. DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Artículo 101. El Ente Contratante podrá intervenir en la preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios, o en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público privada, cuando a juicio de un tercero experto y completamente independiente, el desarrollador incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el desarrollo mismo del proyecto. La designación del tercero independiente a que se refiere el párrafo anterior se hará de conformidad con las reglas que al efecto establezca el Reglamento. Para tales efectos, deberá notificar al desarrollador la causa que motiva la intervención, darle un plazo de 48 horas hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga, y en su caso señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo establecido la desarrolladora no comienza su corrección, la dependencia o entidad contratante procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en el Ente que, en su caso, incurra el desarrollador. En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, podrá procederse a la terminación anticipada del propio contrato. Artículo 102. En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante la ejecución de la obra o prestación del servicio y, en su caso, las contraprestaciones que por este último correspondan. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar al personal que el desarrollador venía utilizando y contratar a un nuevo constructor u operador. La intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con el proyecto y la dependencia o entidad deberá garantizar ello en todo momento y lugar. Artículo 103. La intervención tendrá la duración que el Ente Contratante determine, sin que el plazo original y, en su caso, prórroga o prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años. El desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando demuestre que las causas que la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo. Artículo 104. Al concluir la intervención, se devolverá al desarrollador la administración del proyecto y los ingresos percibidos, previa aplicación y 103 deducción de todos los gastos, penas convencionales, honorarios que la intervención generó para la dependencia o entidad. Artículo 105. Si transcurrido el plazo de la intervención, el desarrollador no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, el Ente Contratante procederá a la rescisión del contrato y, en su caso, a la revocación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto o, cuando así proceda, a solicitar su revocación a la autoridad que las haya otorgado. En estos casos, la dependencia o entidad contratante podrá encargarse directamente de la ejecución de la obra y prestación de los servicios, o bien contratar a un nuevo desarrollador mediante concurso en términos del Capítulo Cuarto de la presente Ley. CAPÍTULO VIII. DE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS SECCIÓN I. DE LA MODIFICACIÓN A LOS PROYECTOS Artículo 106. Durante la vigencia original de un proyecto de asociación público privada, sólo podrán realizarse modificaciones a éste cuando las mismas tengan por objeto: I. Mejorar las características de la infraestructura, lo que podrá incluir obras adicionales; II. Incrementar los servicios o su nivel de desempeño; III. Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la preservación y conservación de los recursos naturales; IV. Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no previsibles al realizarse la preparación y adjudicación del proyecto; o V. Restablecer el equilibrio económico del proyecto, en los supuestos del artículo 108 de la presente Ley. Ninguna modificación deberá implicar transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original. De modificarse el contrato de asociación público privada o, en su caso, las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto, deberán modificarse, en lo conducente, los demás de los citados documentos. Artículo 107. En los supuestos de las fracciones I, II y IV del artículo 106 de la presente Ley, las modificaciones se ajustarán a lo siguiente: 104 I. Si no requieren contraprestación adicional alguna ni implican disminución de las obligaciones de la desarrolladora, podrán pactarse en cualquier momento; II. Si las modificaciones requieren compensación adicional, o implican disminución de las obligaciones del desarrollador, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos siguientes: a) El cumplimiento de los supuestos señalados en las fracciones I, II y IV del artículo 106 de esta Ley, la necesidad y beneficios de las modificaciones, así como el importe de la compensación adicional o de la disminución de obligaciones, deberán demostrarse con dictamen de expertos independientes; b) Durante los primeros dos años inmediatos siguientes a la adjudicación del proyecto, el importe de las modificaciones, en su conjunto, no podrá exceder del equivalente al veinte por ciento del costo pactado de la infraestructura, así como de la contraprestación por los servicios durante el primer año de su prestación; y, c) Cuando después de los dos primeros años de adjudicado el proyecto, las modificaciones, previamente autorizadas y por autorizar, excedan en su conjunto el equivalente al veinte por ciento del costo pactado de la infraestructura, así como de la contraprestación por los servicios durante el primer año de su prestación, deberán ser expresamente aprobadas por escrito por el titular del Ente Contratante. El Reglamento establecerá los lineamientos, formas de cálculo y actualización para determinar los importes citados en esta fracción. Las modificaciones pactadas podrán incluir, entre otros, la ampliación de los plazos del contrato y de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto. Artículo 108. Con objeto de restablecer el equilibrio económico del proyecto, el desarrollador tendrá derecho a la revisión del contrato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de autoridad competente, aumente sustancialmente el costo de ejecución del proyecto, o se reduzcan, también sustancialmente, los beneficios a su favor. Para estos efectos, se entiende que las variaciones citadas son sustanciales cuando sean duraderas y pongan en riesgo la viabilidad financiera del proyecto. La revisión y, en su caso, los ajustes al contrato sólo procederán si el acto de autoridad: I. Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de las posturas económicas en el concurso; 105 II. No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación y adjudicación del proyecto; y III. Represente un cambio a las disposiciones aplicables al desarrollo del proyecto. El Ente Contratante procederá a realizar los ajustes a los términos y condiciones del contrato, incluso de la contraprestación a favor del desarrollador, que se justifiquen por las nuevas condiciones derivadas del acto de autoridad de que se trate. De igual manera, procederá la revisión del contrato cuando sobrevenga un desequilibrio económico del mismo, que implique un rendimiento para el desarrollador mayor al previsto en su propuesta económica y en el propio contrato. Artículo 109. Toda modificación a un proyecto de asociación público privada deberá constar en el convenio respectivo y, en su caso, en las respectivas autorizaciones para el desarrollo del proyecto. En casos de urgencia o aquellos en que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, el Ente Contratante podrá solicitar por escrito al desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes de la formalización de las modificaciones respectivas. SECCIÓN II. DE LA PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS Artículo 110. Previo al vencimiento de la vigencia original del contrato, las partes podrán acordar prórrogas y, en su caso, revisar las condiciones del contrato. Para efectos del otorgamiento de las prórrogas la dependencia o entidad deberá considerar cualquier cambio en las condiciones materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestación de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de la prórroga, o en su caso la convocatoria a un nuevo concurso. En dicho plazo también podrán solicitarse las prórrogas a las autorizaciones para la prestación de los servicios relativos al proyecto de asociación público privada, independientemente de lo que señalen las disposiciones que los regulen. CAPÍTULO IX. DE LA TERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 106 Artículo 111. Sin perjuicio de las demás previstas en cada contrato, serán causas de rescisión de los contratos de asociación público privada, cualquiera de las siguientes: I. La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra imputable al desarrollador, en los supuestos previstos en el propio contrato; II. La no prestación de los servicios contratados, su prestación en términos menores a los pactados, o la suspensión de éstos por más de siete días naturales seguidos, sin causa justificada y por causas imputables al desarrollador; y, III. En caso de que el proyecto requiera autorizaciones para la prestación de los servicios, la revocación de éstas por causas imputables al desarrollador. En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a lo dispuesto por las partes en el contrato y cualquier controversia al respecto será resuelta por los tribunales estatales o en su caso, mediante el procedimiento arbitral correspondiente. Artículo 112. A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y derechos de caracteres públicos, incorporados a la infraestructura o indispensables para la prestación del servicio, pasarán al control y administración del Ente Contratante. Los demás bienes necesarios para la prestación del servicio quedarán sujetos al régimen de dominio público del Estado, Ente Contratante, en los términos pactados en el contrato. La transferencia de los inmuebles, bienes y derechos en términos del párrafo inmediato anterior no implicarán la afectación de los derechos adquiridos por terceros de buena fe, quienes los conservarán en todos sus términos y condiciones. De conformidad con el artículo 81, fracción XIII, de esta Ley, y lo dispuesto en el Reglamento, el contrato de asociación público privada contendrá los términos y condiciones en los que, en caso de terminación anticipada, proceda el reembolso al desarrollador del monto de inversiones que demuestre haber realizado. Artículo 113. El Ente Contratante tendrá opción de compra en relación con los demás bienes propiedad del desarrollador, que ésta haya destinado a la prestación de los servicios contratados. CAPÍTULO X. DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS Artículo 114. Corresponderá a la Contraloría en ejercicio de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y adjudicación de los proyectos de 107 asociaciones público privadas, así como de los demás actos regulados por la presente Ley, se ajusten a lo dispuesto en la misma, salvo los aspectos y actos señalados en los párrafos siguientes. La supervisión de la prestación de los servicios, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del proyecto de asociación público privada, corresponderá exclusivamente al Ente Contratante y a las demás autoridades que resulten competentes. La supervisión de las autorizaciones para la ejecución de las obras, así como para la prestación de los servicios, corresponderá a las autoridades que las hayan otorgado sin perjuicio de que podrán utilizarse empresas contratadas específicamente para tal fin. La Secretaría estará facultada para interpretar la presente Ley para efectos administrativos. Artículo 115. La supervisión de la prestación de los servicios, de la ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto, se realizará conforme a las disposiciones que resulten aplicables, así como a lo pactado en el contrato celebrado. La dependencia o entidad competente podrá contratar con terceros, en términos del artículo 19 de esta Ley, servicios de control y supervisión de los proyectos de asociación público privada. Artículo 116. Las dependencias, entidades y desarrolladores conservarán toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esta Ley, durante la vigencia del contrato y por un plazo adicional de 12 años, contados a partir de la fecha de terminación del propio contrato. Transcurrido dicho plazo, podrá precederse a su destrucción conforme a las disposiciones aplicables. CAPÍTULO XI. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 117. El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley por parte de los servidores públicos, de cualquier entidad o de cualquier persona, será sancionado conforme a la Leyes que resulten aplicables. La Contraloría vigilará los procesos de contratación en los términos de las facultades que la Ley le concede. 108 Artículo 118. El incumplimiento de las obligaciones del contrato de asociación público privada dará lugar a las penas convencionales pactadas en el propio contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las contraprestaciones a favor del desarrollador. En los supuestos de incumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo de proyectos de asociación público privada, se estará a las disposiciones que regulan tales instrumentos. Artículo 119. Además de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las disposiciones aplicables, la Contraloría podrá inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, así como en aquellos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado y en materia de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios relacionados con los mismos, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato que les haya sido adjudicado; II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves al Ente Contratante de que se trate. III. Personas físicas o morales -y administradores que representen a éstas- que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su ejecución, o bien en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia de conciliación o de una inconformidad; IV. Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas por servidores públicos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y V. Persona o personas, físicas o morales, que tengan el control de una persona moral que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II y IV inmediatas anteriores. Para estos efectos, se entenderá que una o varias personas, físicas o morales, tienen el control de una persona moral cuando estén en posibilidad de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de 109 accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Artículo 120. La inhabilitación que Contraloría imponga en términos del artículo 119 de esta Ley no será menor a tres meses ni mayor a cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 121. Las dependencias o entidades, dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una inhabilitación, remitirán a Contraloría y a Oficialía la documentación comprobatoria de los mismos. Artículo 122. Las responsabilidades administrativas a que se refiere el presente capítulo serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. CAPÍTULO XII. DE LAS CONTROVERSIAS SECCIÓN I. PANEL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Artículo 123. En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las partes del contrato de asociación público privada tratarán de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe siempre atendiendo a las disposiciones de la presente ley, su Reglamento y el Contrato respectivo. La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular, tendrá un plazo que al efecto convengan las partes. En el evento de que las partes no lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la divergencia a un panel de solución de controversias integrado por dos expertos en la materia de que se trate y un abogado que fungirá como presidente de dicho panel. Los dos primeros, serán designados uno por cada parte y el tercero por estos últimos, debiendo todos ellos ser absolutamente independientes de las partes. Las Partes podrán utilizar las reglas de Panel de Solución de Controversias, también conocidos como Dispute Boards de instituciones de 110 reconocimiento nacional e internacional tales como la Cámara de Comercio Internacional en cuyo caso complementarán o sustituirán en su caso las disposiciones del presente título. Artículo 124. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de los plazos citados en el artículo 123 inmediato anterior, la parte interesada notificará a su contraparte aviso que contendrá: I. La decisión de someter la divergencia al comité de expertos; II. El experto designado por su parte; III. La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma; IV. Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y, V. La propuesta para resolver la divergencia. Dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notificación anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los mismos requisitos señalados en las fracciones II, IV y V del presente artículo. Artículo 125. Los expertos designados por las partes contarán con dos días hábiles, a partir de que reciban los escritos de las partes, para designar al tercer experto e integrar el comité. De no llegar a un acuerdo, se designará al tercero miembro del comité, mediante procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a diez días hábiles, conforme a lo previsto en el Reglamento. Artículo 126. Integrado el comité, podrá allegarse los elementos de juicio que estime necesarios, a fin de analizar cada una de las posturas de las partes. De considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las partes. En todo caso, deberá emitir su dictamen en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de su constitución. Si el dictamen es aprobado por unanimidad de los expertos, será obligatorio para las partes. De lo contrario, quedarán a salvo los derechos de cada una de ellas. SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y DE CONCILIACIÓN Artículo 127. Las partes de un contrato de asociación público privada podrán pactar en el mismo la posibilidad de acudir ante la Contraloría, a presentar una 111 solicitud de mediación o conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento de dicho contrato, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California o bien, en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, según corresponda conforme a la naturaleza del objeto de la asociación público privada de que se trate. Artículo 128. Las partes de un contrato de asociación público privada podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio contrato en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. El procedimiento arbitral podrá convenirse en el propio contrato o en convenio independiente. En todo caso, se ajustará a lo siguiente: I. Las leyes aplicables serán las vigentes en el Estado; II. Se llevará en idioma Español; y, II. El laudo será obligatorio y firme para ambas partes. La solución de controversias relacionadas con la validez legal de cualquier acto administrativo sólo podrá dirimirse por los tribunales competentes. SECCIÓN III. JURISDICCIÓN ESTATAL Artículo 129. Corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado conocer de las controversias que se susciten con los particulares por la interpretación o aplicación de esta Ley en caso de que no exista acuerdo arbitral, así como de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen. Artículo 130. Las autoridades que conozcan de las controversias que se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, o de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen, proveerán lo necesario a efecto de que el desarrollo del proyecto, o la prestación del servicio objeto del contrato, no se vean interrumpidos. SECCIÓN IV. DISPOSICIONES COMUNES DEL CAPÍTULO DE CONTROVERSIAS Artículo 131. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones 112 que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse. El Reglamento señalará los montos, términos y condiciones de estas garantías. Artículo 132. La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca de una actuación notoriamente improcedente o como táctica meramente dilatoria, podrá imponer a quien lo promueva multa administrativa de quinientas y hasta dos mil veces el salario mínimo general diario para el Estado de Baja California, elevado al mes, vigente en la fecha de interposición del recurso. Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a la convocante y, en su caso, a los terceros afectados, los daños y perjuicios que tales conductas ocasionen, con independencia a las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar. A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 48, de fecha 30 de octubre de 2009, Tomo CXVI, Sección II. TERCERO.- Los Proyectos de Asociación Público Privadas que estén en operación a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, serán substanciados conforme a las disposiciones de la Ley anterior. CUARTO.- El Ejecutivo del Estado deberá emitir el reglamento respectivo dentro de un plazo de noventa días a partir de la vigencia del presente Decreto. Dado en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los __ días del mes de __ de dos mil catorce. 113

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s